26 de July de 2019
Foto: Francisco Proner

El pasado día 7 de abril se cumplió un año que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso injustamente – acusado y condenado por un crimen inexistente. Lula, uno de los mayores líderes populares del mundo, fue víctima de un juicio ilegal e ilegítimo que, lejos de representar cualquier intento de hacerse justicia, sirvió desde su inicio como un fraude procesal con el objetivo central de impedir que él compite en las elecciones presidenciales del año pasado, en la que aparecía como franco favorito en todas las encuestas de opinión. Lula representa un modelo de desarrollo que distribuye renta y promueve justicia social.

El golpe de 2016 – un impeachment sin crimen de responsabilidad – contra el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, el Estado de Derecho y la democracia en Brasil fue, sobre todo, un golpe contra ese modelo de desarrollo y posteriormente por la implementación de un modelo ultraliberal de retirada de derechos. En 12 años, se crearon 20 millones de empleos, 32 millones de personas salieron de la miseria y el PIB brasileño se multiplicó por cinco. El golpe y los ataques a la democracia se iniciaron aún en 2014 cuando la derecha nacional no aceptó el resultado de la elección y pasó a atacar y desestabilizar al gobierno legítimamente elegido. Desde entonces la izquierda, el movimiento sindical y los movimientos sociales vienen siendo blancos constantes de ataques mediáticos, legislativos y jurídicos. La prisión fraudulenta e ilegal del ex presidente Lula es la continuidad de ese proceso, que llegó a su punto culminante en la victoria electoral de Jair Bolsonaro, que persigue a organizaciones, líderes, derechos sociales, laborales e incluso los propios derechos humanos.

Jair Bolsonaro se destacó, a lo largo de sus casi 28 años de actividad parlamentaria, en atacar sistemáticamente los derechos humanos, en especial los laborales, y proferir una serie interminable de declaraciones machistas, misóginas, racistas y LGBTfóbicas. Sobre los derechos humanos y la ONU, Bolsonaro llegó a decir que, electo presidente, Brasil dejaría al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues la institución “no sirve para nada”. Las críticas no son de hoy. En 2016, Bolsonaro publicó en una red social que los derechos humanos son “el estiércol del vagabundeo”. Esta derecha que conspiró abiertamente contra el mandato de la presidenta electa y que contribuye activamente a la elección de un presidente protofascista es heredera directa del secular pasado esclavista y reaccionario que marca la historia nacional.

Sérgio Moro, el mismo juez que participó en las investigaciones, de la instrucción penal y que juzgó y condenó de manera inconstitucional al ex presidente Lula, es el actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente Jair Bolsonaro. El mismo ex-juez que filtró a los medios de comunicación llamadas telefónicas interceptados ilegalmente entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su familia y sus abogados, hiriendo no sólo la Constitución brasileña, sino también Tratados Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. La divulgación ilegal de las grapas telefónicas fue determinante para que el ex presidente no asumiera el Ministerio de la Casa Civil de la ex presidenta Dilma Rousseff, debilitando al gobierno y contribuyendo posteriormente al golpe parlamentario contra su mandato.

La condena sin pruebas del ex presidente Lula, típica pieza procesal de regímenes autoritarios, por parte de un juez de primera instancia que actuó desde el primer momento como agitador del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff y que se convirtió en ministro del principal beneficiario de sus decisiones es más una prueba que en Brasil la democracia se ha convertido en una mera ficción. Moro, mientras era juez, hacía elogios públicos a las multitudes que protestaban contra el gobierno de Dilma y pedían la detención de Lula – Sérgio Moro usó la toga para hacer política partidista y beneficiar a su actual jefe, el presidente Jair Bolsonaro.

El “caso Lula” es un intrigado enmarañado de ilegalidades, irrespeto a la constitución y oportunismo jurídico y político. Aún antes de la condena en el “caso del tríplex” se practicaron una serie de medidas judiciales arbitrarias, requeridas por los Procuradores de la Lava Jato, y autorizadas por el ex juez Sérgio Moro. En marzo de 2016, Lula fue víctima de una “conducción coercitiva” – en la práctica, fue arrestado por unas 6 horas para dar un testimonio que jamás se había negado a dar, sólo para crear ante la opinión pública y la sociedad un clima artificial de culpabilidad. En aquel momento, la conducción coercitiva de Lula sirvió para animar y movilizar una manifestación a favor del impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff. La “conducción coercitiva” fue posteriormente juzgada inconstitucional por el propio Supremo Tribunal Federal (STF).

La Lava Jato interceptó los teléfonos de la oficina de los abogados del ex presidente Lula. Monitoreando, de esa forma, y en tiempo real, toda la estrategia de defensa establecida a favor de Lula por sus abogados. Las conversaciones grabadas fueron depositadas por la Policía Federal en la secretaría del órgano judicial presidido por el ex juez Sérgio Moro. En el caso de que se trate de un delito, el TRF4 utilizó como justificación el argumento que la Lava Jato “constituye, sin embargo, sin duda, una situación inédita, a merecer un trato excepcional“.

En el primer proceso en que fue condenado, Lula fue “juzgado” por corrupción y lavaje de dinero en conexión con un apartamento triplex que fue supuestamente “dado” a él por la constructora OAS a cambio de favores relacionados con tres contratos mantenidos por consorcios integrados por OAS con Petrobras. Y, además, que los recursos que resultaron en el citado tríplex habrían derivado de esos contratos. El testimonio del ex presidente de OAS José Adelmario Pinheiro Filho es pieza central en la sentencia de Sérgio Moro que condenó a Lula. Pinheiro, que había sido condenado a más de 40 años de prisión, tuvo su pena drásticamente reducida luego de cambiar su testimonio inicial que inocentada al ex presidente para una falsa alegación de que Lula era el dueño del triplex. Ninguno de los 73 testigos oídos en las 23 audiencias realizadas en el caso afirmó cualquier hecho que compruebe que Lula sea propietario del inmueble. Todas las pericias requeridas por la defensa de Lula para comprobar que ningún valor de Petrobras fue destinado directa o indirectamente al ex presidente fueron rechazadas por el ex juez Moro.

En términos técnicos, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público practique un acto de su competencia y reciba, en contrapartida, una ventaja por el hecho de haber practicado o dejado de practicar el acto específico. Sin embargo, el juez no identificó cualquier acto específico del ex presidente Lula a partir del cual recibiría una ventaja indebida – en ese caso, el apartamento triplex – tratando, en su sentencia, sólo de “actos indeterminados”. Más que eso, Moro no establece el vínculo entre la denuncia ofrecida por el Ministerio Público Federal y la condena. El ex mandatario Lula es denunciado por un conjunto de actos que son absolutamente desconsiderados en la sentencia del juez. El órgano acusador, en el caso del Ministerio Público Federal, presenta una denuncia, y el juez condena al reo por otra. Además, al responder a los embargos de declaración hechos por la defensa, Moro admite, en un posible lapso, que no sería el juez natural del caso: “Este juicio jamás afirmó, en la sentencia o en ningún lugar, que los valores obtenidos por la Constructora OAS en los contratos con Petrobras se utilizaron para pagar la ventaja indebida al ex presidente“. La sentencia del ex juez Sérgio Moro al condenar a Lula por la práctica de “actos indeterminados” usó como referencia el juicio de una corte intermedia de Estados Unidos que defendía la configuración de crimen de corrupción sin la necesidad de la comprobación de un acto de oficio del agente pública. Además de la decisión de ser absolutamente extraña al marco jurídico del Estado brasileño, la sentencia ya fue reformada por decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El juicio de segunda instancia fue marcado por la combinación inaceptable del resultado entre los tres desembargadores federales, incluso en la determinación de un aumento de pena, una maniobra con el objetivo de evitar la prescripción del caso. Aunque el proceso del “triplex” reúne más de 250 mil páginas, el recurso de Lula en el TRF4 tramitó en tiempo récord. Además, el resultado fue anunciado por el Presidente del TRF4 antes de la celebración del protocolo del recurso por la defensa de Lula. Durante la tramitación del recurso dirigido al TRF4, la defensa del ex presidente Lula presentó hechos nuevos que fueron sumariamente despreciados. Se destacan, entre esos nuevos hechos, videos de ex promotores de Estados Unidos admitiendo que ayudaron informalmente -y por lo tanto de forma ilegal- a los miembros de la Lava Jato a construir el caso contra Lula y a condenar al ex presidente. La Petrobras participó de todo el proceso del “triplex” en la condición de asistente de acusación del MPF, afirmando ser víctima por los hechos; en los Estados Unidos, sin embargo, firmó un acuerdo confesando ser culpable por los mismos hechos.

Lula fue arrestado mismo antes de agotar todos los recursos en la segunda instancia. Sin embargo, la Constitución federal asegura que la presunción de inocencia sólo puede ser alejada ante la existencia de una decisión condenatoria definitiva (transitada en juzgado), lo que no existe en el caso del ex presidente. Si la condena en segunda instancia ya tramitó en tiempo récord -en la medida para inviabilizar la participación del ex presidente en las elecciones de 2018- el auto del ex juez Sergio Moro determinando la prisión del ex presidente fue firmado exactos 19 minutos después del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) publicar oficio que permitía la decretación de la prisión.

Antes de eso, la prisión de Lula sólo fue posible después de una vergonzosa maniobra en el Supremo Tribunal Federal. La prisión en segunda instancia fue permitida por una mayoría estrecha y circunstancial del STF, en octubre de 2016 – durante el auge de la saña punitivista y de irrespeto al debido proceso penal y al amplio derecho de defensa fomentada por la Operación Lava Jato. Sin embargo, desde entonces, la composición y la opinión de los ministros del STF se ha invertido y hoy, muy probablemente, existe una mayoría formada para que la Constitución sea respetada y que la presunción de inocencia sólo puede ser alejada ante una decisión condenatoria definitiva.

Para impedir que la decisión sobre la prisión en segunda instancia fuera reformada – lo que impedía la detención del ex presidente Lula – la entonces presidenta del STF, ministra Carmen Lúcia, manoseó la pauta del STF para impedir la revisión de la jurisprudencia sobre el tema. Cármen Lúcia impidió que el HC de Lula pudiera convertirse en un juicio que pudiera tener repercusión general. Con eso, la ministra del STF, Rosa Weber, decidió votar de acuerdo con el entendimiento actual del STF, que desde 2016 permite la ejecución provisional de pena. Rosa Weber es contra la tesis de la prisión en segunda instancia y ya había declarado, en algunas oportunidades, que votará de esa forma cuando de la discusión del fondo de la materia. Sobre la maniobra de la ex presidenta del STF, otro ministro del STF, Marco Aurelio Mello, afirmó: “Tiempos extraños. “Estoy aquí hace 28 años, y nunca he visto manipulación de la pauta como esta”.

Más extraño aún fue la interferencia del ejército brasileño en la discusión del tema. El entonces comandante del Ejército, General Eduardo Villas Bôas, confesó que hubo una acción coordinada de la cúpula de las Fuerzas Armadas para presionar al Supremo Tribunal Federal a mantener al ex presidente Lula preso. En una entrevista al diario Folha de São Paulo, Villas Bôas dijo que “actuó en el límite” al usar Twitter en la víspera del juicio de apelación de Lula en el STF a tiempo de ser leído en el “Jornal Nacional” , el principal noticiero del país.

Hasta el momento – mayo de 2019 – el debate sobre las prisiones en segunda instancia ocurrió en el plenario del STF. El juicio que debería haber ocurrido el 10 de abril, fue retirado de la agenda por el presidente del STF, ministro Dias Toffoli, y no tiene fecha para suceder. En la prensa se especula que la decisión de Toffoli fue motivada para aguardar que el recurso del ex presidente Lula, contra la condena en el caso del triplex del Guarujá, fuera juzgado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En julio de 2018, nuevas circunstancias excepcionales. El desembargador Rogério Favreto concedió habeas corpus autorizando a Lula a ser suelto. Favreto llamó “ilegal e inconstitucional” la ejecución provisional de la pena del petista y afirmó que ella “no puede castigar sus derechos políticos, tampoco restringir el derecho a los actos inherentes a la condición de pre candidato al cargo de Presidente de la República”. Favreto hizo hincapié en exponer el motivo para que Lula esté detenido: el rechazo de Carmen Lúcia, presidente del Supremo Tribunal Federal, en pautar las Acciones Declaratorias de Inconstitucionalidad 43 y 44, que cuestionan las prisiones en segunda instancia.

Tras la decisión, el ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, que estaba de vacaciones en Portugal, exigió a la Policía Federal no soltar a Lula hasta una decisión de la Octava Turma del TRF-4.

El desembargador João Pedro Gebran Neto, relator de la Lava Jato en el TRF-4 y que estaba en receso, determinó entonces que la decisión de Favreto no fuera cumplida. Favreto, entonces, reiteró la determinación. Pero la palabra final, correspondió al presidente del TRF-4, Thompson Flores, que decidió mantener la prisión. Sólo el caso Lula sería capaz de generar tanta destreza de jueces en vacaciones y en recreo – y en pleno fin de semana para determinar que la decisión rutinaria de otro juez no debería ser cumplida.

Después de la ilegal prisión del ex presidente Lula, los articuladores del golpe contra la democracia brasileña, aún necesitaban impedir su nueva candidatura a la presidencia de la República. Y así lo hicieron, aunque para ello fuese necesario ignorar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU. La candidatura del ex presidente fue prohibida contrariando la ley electoral, la jurisprudencia y una determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar sus derechos políticos. El Comité determinó que el Estado brasileño debiera permitir la candidatura de Lula hasta que se hayan agotado todos los recursos judiciales que implican la condena del ex presidente. La justicia brasileña ignoró la decisión del Comité y vetó la candidatura de Lula.

El ex juez y actual ministro del gobierno de extrema derecha, Sérgio Moro, negoció su ida al ministerio de Bolsonaro durante el período electoral -como reveló, en una entrevista para el Jornal Valor Económico, el vicepresidente de Bolsonaro, General Hamilton Mourão. Después de esa negociación y apenas 6 días de los comicios electorales de 2018, Moro, retiró el secreto de la delación premiada de Antônio Palocci, acertada con la Policía Federal.

Sin presentar ninguna prueba, la colaboración fue realizada por un delator encarcelado y bajo presión, que busca garantizar su libertad y partes de los ingresos de la corrupción a cualquier costo. Antônio Palocci está preso desde el 2016, condenado a 12 años y dos meses de prisión. Palocci inició sus intentos de ofrecer una colaboración premiada a mediados de julio de 2017, aún con el Ministerio Público, pero el acuerdo no avanzó. Más tarde pasó a negociar con la Policía Federal. En una entrevista concedida a Folha de São Paulo a finales de julio, Carlos Fernando Lima, procurador de la Lava Jato, explica en detalle que la delación de Palocci, en en que la opinión del Ministerio Público, no es válida por falta de pruebas. La divulgación de esa delación, con una serie de acusaciones sin pruebas contra el ex presidente Lula y el Partido de los Trabajadores, tuvo clara intención de influir en la elección presidencial y favorecer a Bolsonaro – con quien Moro ya habría negociado su ida al Ministerio de Justicia. En el caso de Lula, “Moro se unió al proceso, por iniciativa propia (“de oficio“), testimonio prestado por el Sr. Antônio Palocci en la condición de delator con el nítido objetivo de intentar causar efectos políticos para Lula y sus aliados, el propio juez reconoce que no podrá llevar tal testimonio en consideración en el juicio de la acción penal. Se suma a ello el hecho de que la delación fue rechazada por el Ministerio Público. Además, la hipótesis acusatoria fue destruida por las pruebas constituidas en los autos, incluso por laudos periciales.”

En febrero de 2019, la jueza Gabriela Hardt, de la 13ª Justicia Federal de Curitiba, sustituta del ex juez y ahora ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, condenó al ex presidente Lula en caso de reformas en un sitio en Atibaia / SP. “De nuevo, la Justicia Federal de Curitiba atribuyó responsabilidad criminal al ex presidente teniendo como base una acusación que involucra un inmueble del que no es el propietario, un” cuadro general “y otras acusaciones referenciadas sólo por los delitos generosamente beneficiados“. Lula fue acusado por el Ministerio Público de ser propietario del sitio, pero la jueza escribió: “Ya se ha narrado en esta sentencia que no se discute aquí la propiedad del sitio”.

La decisión de Hardt sigue la misma línea de la sentencia dictada por el ex juez Sérgio Moro, que condenó a Lula sin haber practicado ningún acto de oficio vinculado a la recepción de ventajas indebidas. La decisión desconsideró las pruebas de inocencia presentadas por la defensa de Lula y llegó al punto de rebatir algunos de esos argumentos haciendo referencias a “testimonios prestados por colaboradores y co-reus Leo Pinheiro y José Adelmario”, como si fueran personas diferentes – en realidad, se trata del mismo delator, el ex presidente de la empresa OAS, que cambió sus declaraciones sobre Lula y tuvo una considerable reducción de su pena.

La pericia hecha a petición de la defensa en la decisión de la jueza Gabriela Hardt apuntó que la Hardt alteró el orden de tramos y utilizó frases y expresiones idénticas a las utilizadas por Moro en el proceso del caso del triplex. El laudo sostiene que la jueza aprovechó “el mismo archivo de texto” usado por Moro. La magistrada copió, principalmente, el tramo en que trata de la dosimetría de la pena, en el cual un párrafo entero es idéntico al escrito por el ex juez – reproduciendo, inclusive, referencia a un “apartamento” – el tal triplex del Guarujá.

En otro ataque, el Poder Judicial prohibió a Lula despedirse de uno de sus hermanos, fallecido en enero de 2019. Hermano mayor y muy próximo al ex presidente Lula, Vavá tenía 79 años, y murió en Sao Paulo. Incluso durante la dictadura militar, cuando fue prisionero político por primera vez, Lula había reconocido su derecho a ir al entierro de su madre, dueña Lindú, el 12 de mayo de 1980. Esta vez, las negativas de la Policía Federal de Paraná, la jueza Carolina Lebbos y el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región ante un derecho expresado por la Ley de Ejecución Penal usaron como justificación “dificultad logística” o “cuestiones de seguridad”. Es importante registrar que las leyes brasileñas son categóricas, a través de su Ley de Ejecuciones Penales (artículo 120), en el sentido de permitir expresamente la salida de presos para velorios y entierros de familiares – derecho que se concede de forma cotidiana y rutinaria a miles de presos en todo el país.

Después de todos esos recursos negados, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli “liberó” a Lula para velar a su hermano. Pero lo que se esconde detrás de esa decisión es otro ataque a los derechos del ex presidente. La decisión de Toffoli ocurrió minutos antes del entierro del hermano de Lula – lo que, en la práctica, inviabilizó su presencia. Ante la pésima repercusión púbica de ese primer caso Lula fue liberado para asistir al velorio de su nieto, Arthur Araújo Lula da Silva, de apenas 7 años de edad, que falleció víctima de una infección generalizada, el día 01 de marzo de 2019. La jueza responsable de la ejecución penal del ex presidente prohibió que él hiciera declaraciones públicas y determinó que militantes no fueran convocados para el lugar. Además, también restringió la presencia de la prensa en la ceremonia fúnebre. En febrero de 2017, en el auge de la persecución de la Lava Jato, María Leticia Lula da Silva, esposa del ex presidente, falleció a consecuencia de un accidente cerebrovascular (AVC). Posteriormente, Lula afirmó: “Creo que Brasil no fue injusto con ella, pero esos niños de la Lava Jato tienen responsabilidad en la muerte de ella”. Marisa Leticia también era investigada en los procesos de la Lava Jato y, incluso después de su muerte, el ex juez Sergio Moro se negó a decretar su inocencia – Moro determinó la extinción de la posibilidad de pena para Marisa después de su muerte, pero sin considerar inocencia o culpa.

En la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, Lula se queda en una celda improvisada, y tiene contacto sólo con sus carceleros, abogados, amigos y parientes autorizados a visitarlo. A pesar de ello, entre las innumerables visitas internacionales que el ex presidente recibió, podemos destacar: Juan Carlos Monedero, fundador del partido español Podemos; Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay; el diputado italiano Roberto Gualtieri; Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); Martin Schulz, líder de la socialdemocracia alemana y antiguo presidente del Parlamento Europeo, el ex primer ministro italiano Massimo D’Alema; Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador del Distrito Federal de México; el Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel; la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow e intelectuales del porte de Noam Chomsky y Domenico de Masi. Como afirmó el ex canciller y actual presidente del Comité Internacional Lula Libre, Celso Amorim, “¿qué país es éste en que una celda de prisión en Curitiba es más visitada por personalidades políticas internacionales, autoridades, que el Palacio Presidencial? “Hay algo muy mal en el país para que eso ocurra”.

Estas visitas son parte fundamental de la Vigilia Lula Libre. La Vigilia nunca dejó de funcionar desde que fue instalada un día antes de que el ex presidente saliera de São Bernardo do Campo en dirección a la capital paranaense el 7 de abril de 2018. La Vigilia Lula Libre se convirtió en un espacio de peregrinación para militantes de varios estados de Brasil y de otros países, que se desplazan para prestar solidaridad y protestar contra la prisión injusta y sin pruebas. La Vigilia es la garantía que Lula nunca estará solo, en ningún día faltó “buen día”, “buena tarde” o “buenas noches” gritado por los militantes al ex presidente.

A pesar del obvio e innegable interés público e histórico de una entrevista con Lula, el Supremo Tribunal Federal impidió el contacto del ex presidente con periodistas durante toda la campaña electoral. En esa ocasión, en otra decisión casuística, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux suspendió una liminar concedida por el ministro Ricardo Lewandowski que autorizaba una entrevista del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) a Folha de S. Paulo . Está muy lejos de ser ordinario que un ministro del STF suspenda la decisión monocrática de otro ministro del Supremo. Para Lula, sin embargo, la justicia brasileña no se cansa de tratar la ley con parcialidad – “tomando en cuenta el nombre en la portada del proceso”, como afirma el ministro Marco Aurelio Mello (STF).

Sólo en abril de 2019, el presidente del STF, Dias Toffoli, liberó al ex presidente Luiz para dar entrevistas. Entrevistas a presos de dentro de unidades de detención son corrientes, pero Lula no es un preso común. Lula es un preso político, un preso de conciencia. La entrevista con el presidente Lula, concedida a los periódicos El País y Folha de São Paulo repercutió en la prensa de todo el mundo. Lula permanece altivo y convencido que probará su inocencia: “Me quedo atrapado cien años. Pero no cambio mi dignidad por mi libertad”. Además, sigue atento al escenario político del país y al sufrimiento del pueblo brasileño: “Vamos a hacer una autocrítica general en ese país. Lo que no puede ser ese país esté gobernado por esa banda de loco que gobierna el país. El país no lo merece y sobre todo el pueblo no lo merece.”

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó el 23 de abril, de forma unánime, la disminución de la pena del ex presidente Lula para 8 años, 10 meses y 20 días en el caso del tríplex del Guarujá. El Tribunal recurrió a formalidades inaplicables al caso concreto y dejó de hacer un examen efectivo del mérito, como buscado por el recurso de defensa, el STJ consideró que no puede reexaminar las pruebas del proceso, sino sólo evaluar si las pruebas se tomaron en consideración de acuerdo con lo que determinan las leyes penales. La reducción de la pena del ex presidente fue un primer paso para golpear los abusos contra el ex Presidente Lula por la Lava Jato. Con la defensa del ex presidente: “Es poco. Pero es el principio“. Uno de los más importantes juristas vivos del país, Celso Antônio Bandeira de Mello, declaró: “La prisión del Lula es un absurdo y (los ministros del STJ) perdieron la oportunidad de absolverlo. La condena es una locura sin prueba. En fin, reducir la pena es el mínimo ante lo que debería hacerse“. Sin embargo, los abogados del ex presidente entraron con embargos de declaración en el STJ en los que pugnan el derecho de régimen abierto que Lula ya tendría derecho y piden aún la nulidad del proceso, sin renunciar a la absolución.

Contra Lula se practica el llamado “derecho penal del enemigo” – actúan como el “juez que no quiere perder el juego” – como fue expuesto por el renombrado jurista italiano Luigi Ferrajoli en audiencia pública celebrada en el Parlamento de Roma en abril de 2018, y en una carta posterior, en la que denuncia enfáticamente la persecución a Lula y la “impresionante” falta de imparcialidad del poder judicial brasileño. Lula es, sin duda alguna, víctima de Lawfare: una guerra trabada por la manipulación de las leyes para llegar a alguien que fue elegido como enemigo político – el uso abusivo de la ley como un arma de guerra. En el artículo publicado en el diario Folha de São Paulo el pasado 7 de abril: “¿Por qué tienen tanto miedo de Lula libre, si ya alcanzaron el objetivo que era impedir mi elección, si no hay nada que ¿sostiene esa prisión? En realidad, lo que temen es la organización del pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país. Temen tener que reconocer las arbitrariedades que cometieron para elegir a un presidente incapaz y que nos llena de vergüenza“.

Recientemente, la Operación Lava Jato intentó su más audaz maniobra política. Un acuerdo entre los fiscales de la Operación y los Estados Unidos-sin respaldo en ninguna ley brasileña- para recibir R $ 2,5 mil millones de reales de Petrobras, o cerca de US $ 853 millones de dólares, y administrarlo a través de una fundación de derecho privado. Los valores serían oriundos de multas que Petrobras tendría que desembolsar en Estados Unidos – con el acuerdo la empresa cerraría sus litigios con los órganos reguladores de aquel país. La maniobra, actualmente, está prohibida por decisión del STF. Marco Aurelio Mello, ministro del STF, afirmó: “Es pernicioso hacer surgir ‘super órganos’, inviabilizando el control fiscal financiero. Es la pérdida de parámetros, es el descontrol, es el desorden administrativo.” La Operación Lava Jato ha buscado un proceso de captura del Estado y de destrucción del sistema político brasileño. La injusta prisión del ex presidente es el primer y más importante paso para ese proceso que, incluso con el revés sufrido en la cuestión de la “Fundación Lava Jato” sigue avanzando con la elección de Bolsonaro y la indicación del ex juez Sergio Moro para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Defender la libertad inmediata del ex presidente Lula es luchar por la democracia en América Latina y en el mundo. Es no desistir de la lucha por la reversión de los ataques a los derechos laborales y sociales impuestos por el actual gobierno brasileño. Ante esta situación, creamos, en conjunto con un grupo de entidades y personalidades, el “Comité Internacional Lula Libre” – el Comité busca reforzar y potenciar las iniciativas ya existentes en Brasil y en el mundo por la libertad inmediata del ex presidente Lula. También vamos a seguir luchando para que el ex presidente Lula sea contemplado con el Premio Nobel de la Paz en 2019 – movimiento ideado por el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el premio en 1980. Lula fue un luchador incansable contra el hambre y la pobreza – un líder mundial por la paz y la dignidad humana. Luchar en defensa de la libertad de Lula es luchar por democracia, derechos humanos y la propia idea de Estado democrático de derecho en nuestro país.

Antonio Lisboa es secretario de relaciones internacionales de la CUT Brasil y miembro del Comité Internacional de Lula Libre.

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Central Única dos Trabalhadores / CUT