17 de March de 2019

A juzgar por los nombres de sus fases, la operación “Lava Jato” podría ser confundida con una obra de teatro en 57 actos. La última dialoga con las críticas a los abusos y arbitrariedades de los últimos cinco años: “Sin límites (57ª). Otros nombres nos remiten al origen italiano de la estrategia aplicada: “Buona Fortuna” (49ª fase). Finalmente, algunas remiten a tácticas de tortura y ejecución, como “Asfixia” (40º fase), “Matadero” (44ª fase) y “Juicio final” (7ª fase).

La “Lava Jato” fue deflagrada en 17 de marzo de 2014, cuando la Policía Federal (PF) cumplió los primeras órdenes de aprehensión contra 17 personas, entre ellas, el cambista Alberto Youssef, acusado de encabezar un esquema de soborno en contratos entre constructoras y la estatal Petrobrás.

Las investigaciones ocurrieron en el ámbito de la Justicia Federal de Paraná, donde surgirían las primeras sospechas. De esa manera, la operación quedó bajo la responsabilidad del juez del 13ª Juzgado Federal de Curitiba, Sérgio Moro. El Ministerio Público Federal (MPF) creó una “fuerza tarea” para comandar los trabajos de investigación.

Como entre los investigados había políticos con fuero privilegiado en las investigaciones, algunas de éstas fueran transferidos a la Fiscalía General de la República (DF), y el juicio de esos procesos quedó bajo la responsabilidad del Supremo Tribunal Federal (STF).

En el STF, el primer relator de los procesos de la Lava Jato fue el ministro Teori Zavaski, quien murió en un accidente de avión en enero de 2017, y fue sustituido por Edson Fachin el mes siguiente.

Según números del MPF de Paraná, hasta octubre de 2018, fueron ejecutadas 1.072 órdenes de búsqueda e incautación, 227 órdenes de conducción coercitiva, 120 órdenes de arrestos preventivos, 138 órdenes de arresto temporal y 6 arrestos en flagrante. El mismo reporte apunta 176 acuerdos de colaboración con las investigaciones*, 11 acuerdos de “indulgencia” (especie de acuerdos de colaboración relativo a empresas), resultando en 215 condenaciones de 140 personas.

El agujero

El Ministerio Público y la Policía Federal estiman que el esquema de corrupción en Petrobrás provocó una pérdida de R$ 42 mil millones al país en desvíos, sobrefacturación de obras y fraudes en licitaciones, y otros R$6,2 mil millones en pagos ilícitos. Los valores contabilizados hasta el año pasado apuntan que la empresa debería ser resarcida en R$12 mil millones, de los que aproximadamente 20% ya fueron devueltos.

Un informe del Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás y Biocombustibles (INEEP) apunta que el perjuicio económico causado a toda la cadena productiva de la producción de petróleo fue tres veces mayor que el impacto generado por la corrupción. Solamente en el primero año, la operación Lava jato retiró aproximadamente R$ 42 mil millones de la economía brasileña, promoviendo el “desmonte de importantes sectores de la economía nacional”, principalmente de la industria petrolífera y de su cadena de proveedores, como la construcción civil, instrumental técnico, la industria naval, la ingeniería pesada, además del programa nuclear” – según el INEEP.

En el mismo año, la Petrobrás anunció ganancia de R$ 80, 4 mil millones y una pérdida de R$ 6,2 mil millones provocada por la corrupción.

Los economistas son unánimes al reconocer que la operación Lava Jato apalancó el desempleo en el país. De acuerdo con el informe del INEEP, solamente la industria naval cerró más de 50 mil puestos de trabajo entre 2014 y 2018: de 82.472 trabajadores a 29.539 en menos de cinco años.

La caída es agravada por la política de desinversiones de Petrobrás, introducida durante el gobierno de Michel Temer (MDB) bajo el argumento de “sanar las cuentas” de la empresa. El plan actual prevé la disminución de 25% en las inversiones, la privatización de las refinerías y distribuidoras, además de la implementación de una política de precios en paridad con el mercado internacional, que eleva los precios al consumidor.

Antecedentes

En 2004, diez años antes de la Lava Jato, Sérgio Moro publicó un artículo académico en el que elogiaba los métodos y resultados de la operação Mani Pulite (en italiano), o Manos Limpias (en castellano), deflagrada en Italia en la década de 1990. Las tácticas incluían una relación simbiótica entre Poder Judiciario y medios de comunicación para la divulgación selectiva de noticias del proceso, buscando debilitar moralmente a los procesados, antes de su acusación.

La operación investigó a seis ex Primeros Ministros y más de 500 parlamentarios. Críticos de la Mani Pulite afirman que la operación abrió camino a un período de descrédito de la política, que fue aprovechado por “oportunistas”. Además, hubo un proceso de complejización en las prácticas de corrupción dentro de las estatales italianas, al tiempo que las bases de la corrupción sistémica fueron preservadas.

La inspiración de la “Lava Jato” también vino de Estados Unidos. Según el científico político William Nozaki, en 2010, Moro integró la delegación brasileña participante del conocido Bridges Project, por iniciativa del gobierno estadounidense, con el objetivo de “intercambiar experiencias de combate a la corrupción y lavado de dinero”. El encuentro ocurrió dos años después de ser revelado el robo de dos contenedores con ordenadores y discos duros que contenían informaciones sigilosas de Petrobrás, relacionadas al pré-sal.

Meses antes de lanzarse la operación Lava Jato, un ex analista de sistemas y ex funcionario de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, reveló un resquema de espionaje del gobierno de EUA contra la entonces presidenta Dilma Roussef (PT). “Si por un lado no podemos establecer ninguna relación inmediata de causa y consecuencia entre una cosa y otra, porque no tenemos prueba, por otro lado hay una casualidad temporal que es muy sintomática. Y que hace falta que sea observada con atención, porque va a revelar puntos de articulación que fueron volviéndose explícitos más recientemente en ese acuerdo hecho entre el MPF, las autoridades monetarias y la Petrobrás” alerta el investigador.

Estado de derecho en jaque

En reportajes publicados por Brasil de Fato, al largo de cinco años, juristas criticaron las violaciones de derechos practicadas por la Lava jato, que ponen en Jaque el Estado Democrático de Derecho.

Cláudia Maria Barbosa, pos-doctora por la York University, en Canadá, y profesora titular de Derecho Constitucional en la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), explicó que el modus operandi de la Lava Jato amenaza, particularmente, el artículo 5º de la Constitución, pero también hiere documentos firmados internacionalmente. El derecho de ser juzgado por un juez imparcial, por ejemplo, está previsto en el artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica.

Otro problema apuntado por la profesora es el hecho de que en la Lava Jato los acuerdos de colaboración no son espontáneos, como lo establece la ley, sino provocados mediante una amenaza psicológica. “La colaboración existe, pero la Lava Jato la transforma en un procedimiento ilegal (porque infringe la ley) e inconstitucional (porque golpea, por ejemplo, la dignidad humana y configura como acto de tortura.

La vida tranquila de los delatores

Los acuerdos de colaboración premiada no son sino una negociación en Estado y acusado. El Estado establece un acuerdo y ofrece beneficios, como la reducción o exención de la pena. En cambio, el acusado asume que cometió delitos y ofrece indicios que ayudan a demostrar la participación de terceros en uno o más crímenes.

En la Lava Jato, los delatores reciben beneficios mayores de lo que está previsto en ley, y ello causa desequilibrio en la negociación y puede estimular cooperaciones falsas, según especialistas.

En mayo de 2016, el ex directivo de la empresa Transpetro, Sérgio Machado, confesó al MPF que desvió recursos de la empresa durante los 11 años en los que la presidió. Además de haber enriquecido a la familia con los recursos ilícitos, distribuyó aproximadamente R$ 1000 millones en sobornos a Temer y a otros 20 políticos, entre ellos, los senadores Renan Calheiros, Edson Lobão, Romero Jucá, Jader Barbalho y el ex-presidente José Sarney, todos del MDB.

Tras pagar una multa de R$ 75 millones a la Justicia, Machado fue liberado incluso del uso del dispositivo de rastreo, y hoy vive en una mansión ubicada en Fortaleza (CE), frente al mar.

El ex-senador por Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral (ex-PSDB y PT), tras haber sido encarcelado por determinación del STF y haber sido inhabilitado en su mandato por sus compañeros, decidió colaborar con la Justicia. Inelegible hasta 2027, Amaral registró en 2018 su candidatura al Senado por el Partido Trabalhista Cristão (PTC) – y fue impugnada semanas después por el Ministerio Público Eleitoral (MPE). Aún así, nombre y foto de Amaral figuraron en las urnas, y recibió aproximadamente 110 mil votos, el equivalente a 7,76% del padrón electoral de su Estado. Hoy, Delcídio do Amaral vive en São Paulo con la familia y cuida de una propiedad heredada de los padres, en Mato Gosso.

Aún que haya sido acusado de haber desviado más de R$ 350 millones de Petrobras, Paulo Roberto Costa, ex director de suministro de Petrobrás, vive hoy en un piso de lujo en Rio de Janeiro (RJ). Tras delatar, tuvo la sustitución de la prisión cautelar por la prisión domiciliar con uso de dispositivo de rastreo, y la fijación del tiempo máximo de cumplimiento de la pena en dos años, a ser cumplida en régimen semi abierto, independientemente de la sentencia.

El cambista Alberto Youssef, que confesó haber lavado millones de reales* en sobornos provenientes de contratos de Petrobrás, tuvo una pena fijada entre tres y cinco años en régimen cerrado, con progresión automática para régimen abierto, independientemente de la sentencia. El MP aceptó la exclusión de cuatro inmuebles y un terreno de la lista de bienes aprehendidos para pago de multa, la autorización de que sus hijas usaran bienes que son, declaradamente, fruto de delitos, y la liberación de un inmueble en favor de su ex mujer y otro en favor de sus hijas. Youssef vive hoy en un piso de lujo en São Paulo.

Pedro Barusco, ex-gerente de Petrobrás, admitió en declaración haber desviado montos de la empresa por medio de contratos de petróleo desde 1996. Tras devolver la cantidad de US$ 100 millones, o aproximadamente R$ 252 millones al MPF, Barusco logró la limitación del tiempo de cumplimiento de todas las penas por el plazo máximo de dos años, independientemente de las penas fijadas en la sentencia judicial. El MPF se comprometió aún a trabajar para que no sean aplicadas sanciones a él o a sus empresas en procesos futuros. Igual que Paulo Roberto Costa, Barusco vive hoy en un piso de lujo en Rio de Janeiro (RJ).

En agosto de 2018, el Segundo Juzgado del STF decidió que no serían recibidas denuncias del Ministerio Público que estén basadas solamente en acuerdos de colaboración. Según los ministros, si no hay prueba mínima de culpabilidad de los acusados, el proceso ni siquiera deberá ser abierto por la Justicia.

Fundación multimillonaria

En la última semana, el anuncio de creación de una fundación privada con recursos oriundos de Petrobrás para presuntamente promover proyectos “anti corrupción”, acabó por exponer las contradicciones de los procuradores miembros de la fuerza-tarea de la operación Lava Jato.

La fundación sería resultado de un acuerdo entre el MPF de Paraná, la Petrobrás y el Departamento de Justicia de los EUA. Según el documento, la paraestatal, señalada por casos de corrupción, tendría que pagar más de R$ 3 mil millones al Ministerio Público y a las autoridades estadounidenses. Para la gestión del recurso, el MPF propuso la creación de una fundación de derecho privado, bajo control de los procuradores.

Para William Nozaki, los procuradores praticaron un desvío de función, al aceptar los términos del acuerdo. “Un problema fundamental que se deriva de dicho acuerdo, es ese desvío de función del Ministerio Público y de los procuradores, en la manera como fue construido ese acuerdo”.

Según Nozaki, el acuerdo revela la inversión de valores que rigen la actuación de los procuradores de la Lava Jato, que buscan gravar aún más una empresa que fue anteriormente dañada por prácticas de corrupción. “Una fundación privada gestionada por una corporación regional y localizada, incorporando un volumen de recursos de una empresa que fue perjudicada por el proceso de corrupción y utilizando para ello la creación de una especie de institución paraestatal, financiada con recursos públicos. Ese proceso está equivocado de principio al fin”.

Tras las críticas de la comunidad jurídica y la repercusión en los medios de comunicación, los procuradores anunciaron la suspensión de la fundación, pero no aclararon cual será el futuro acuerdo con EUA. El lunes (11), el Subprocurador general Lucas Rocha Furtado, del Ministerio Público, junto al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) pidió que el TCU tome providencias y verifique la constitucionalidad del acuerdo.

Moro versus Lula

En 14 de agosto de 2016, el procurador de la fuerza tarea de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, convocó una rueda de prensa para presentar la denuncia formal contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Además de presentar un powerpoint en el que acusaba Lula de ser el “jefe de una organización criminal que actuaba en Petrobrás”, Dallagnol insinuó que, aunque no hubiera pruebas, había la “convicción” de que Lula era culpable – sin que le fuera dada a él la oportunidad de defenderse.

La rueda de prensa se llevó a cabo cinco meses después del primer proceso de la Lava Jato contra Lula, que comenzó el 4 de marzo, cuando el ex presidente fue llevado de forma coercitiva por la Policía Federal para presentar declaración, aunque no haya sido intimado por la Justicia. La denuncia presentada por Dallagnol fue aceptada por Moro el día 20 de septiembre de 2016.

El primer testimonio de Lula en la Lava Jato fue recogido el 10 de mayo de 2017, cuando el ex presidente denunció que estaba siendo víctima de una “persecución política, jurídica y mediática”.

El 12 de julio de 2017, Moro condenó al ex presidente Lula da Silva a nueve años y medio de prisión, considerándole culpable por acusaciones de lavado de dinero y corrupción pasiva, relativas a la remodelación de un piso triplex en Guarujá (SP), presuntamente pagada por la constructora OAS a cambio de contratos públicos. La defensa de Lula presentó apelación, alegando restricción del derecho a defensa y ausencia de materialidad para la condenación. En aquel entonces, las primeras encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018 colocaban a Lula como favorito a convertirse presidente, aun en el primero turno.

Tras análisis del proceso en tiempo récord, y en respuesta al recurso de la defensa del ex presidente día 24 de enero, tres desembargadores del Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre (RS) confirmaron por unanimidad la condena de Lula y ampliaron su pena a 12 años y un mes de cárcel en régimen cerrado.

El 5 de abril de 2018, después de que el STF denegara un pedido de habeas corpus preventivo, Moro determinó el encarcelamiento del ex presidente, que ocurrió dos días después. A partir de ese día, Lula cumple pena en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba.

En 9 de julio, el desembargador del TRF4 Rogério Favretto reconoció la ilegalidad de la prisión del ex presidente y determinó su liberación inmediata. La decisión fue ignorada por las autoridades de ejecución penal y, tras la intervención de Moro, el presidente del TRF4, el desembargador Thompson Flores, invalidó la decisión del colega y mantuvo Lula preso.

En agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de ONU emitió un mandato judicial solicitando al gobierno brasileño que ofreciera las condiciones para que el ex presidente presentara en las elecciones. La determinación no fue cumplida.

Así, Lula vio impedida su candidatura por la Justicia Electoral el 31 de agosto, cediendo el puesto al ex ministro de la Educación, Fernando Haddad (PT). El día 28 de octubre, el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro (PSL) fue electo presidente de la República. Enseguida de las elecciones, nombró como su Ministro de Justicia al entonces juez de primera instancia, Sérgio Moro – el mismo que, al condenar al favorito en la corrida electoral, abrió camino a la victoria de su principal oponente.

Brasil de Fato | Edición: Daniel Giovanaz