05 de July de 2019
Foto: Nelson Jr./SCO/STF

No éramos tantos en 2018, cuando advertimos que los procedimientos contra el ex presidente brasileño Lula eran parte de una intención, el propósito de, por cualquier medio y sin importar el precio, sacarlo de la carrera presidencial. Esta estrategia fue exitosa, una vez que permitió la elección de Bolsonaro.

Las recientes revelaciones del periodista Glenn Greenwald y el personal del sitio The Intercept han logrado que todas las máscaras se caigan. La investigación y el juicio de Lula estaban sesgadas desde el principio. Sérgio Moro (un ex juez, un símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato, ahora ministro de justicia de la administración de Bolsonaro) no solamente condujo el proceso de manera arbitraria sino que, de hecho, él fue quien dirigió la acusación, en detrimento de las reglas más fundamentales del procedimiento penal en Brasil.

Conspiración política
De hecho, Moro manipuló los procedimientos de “delación premiada”, guió el trabajo de la Fiscalía, exigió el reemplazo de un fiscal que no le gustaba y dirigió la estrategia de comunicación de la fiscalía. Estas revelaciones también ponen en evidencia que dicha estrategia se desarrolló de manera secreta, en estrecha colaboración con el Ministerio Público. Sumado al hecho de que Sérgio Moro intervino en los teléfonos de todos los abogados de Lula y decidió, por iniciativa propia, no respetar y mandar descumplir la decisión de un juez que trabajaba por turno, quien autorizó la liberación de Lula. En estos casos, Moro ha violado la ley descaradamente.

Además de todas estas estratagemas, Sergio Moro determinó la condena de Lula por “actos indeterminados”, teniendo en cuenta la inexistencia de pruebas que implicaban directamente cualquier acto de corrupción. De esta manera, Lula se convirtió en un preso político de conciencia, y es bajo esta condición que, dadas las recientes revelaciones, se trata de una conspiración política.

El Supremo Tribunal Federal tiene el deber de invalidar todos los resultados de estas graves irregularidades que han llevado a una condena injusta e ilegal y, en consecuencia, liberar a Lula y anular su condena. Las autoridades brasileñas deben tomar todas las iniciativas apropiadas para identificar a los responsables de esta grave subversión de los procedimientos penales.

Actualmente, la lucha contra la corrupción es un tema crucial para todos los ciudadanos del mundo, así como para la democracia y el estado de derecho, pero en el caso de Lula, esta lucha fue instrumentada para seguir estrategias dirigidas a excluir al ex presidente del proceso político, con el propósito de permitir el ascenso al poder de Bolsonaro, quien inmediatamente “recompensó” a Sergio Moro con un nombramiento como Ministro de Justicia.


Bruce Ackerman, profesor de derecho y ciencias políticas (Universidad de Yale)
John Ackerman, profesor de ciencia política y derecho (Universidad Nacional Autónoma de México)
William Bourdon, abogado
Mirelle Delmas-Marty, jurista, profesora honoraria del Collège de France
Juan Garcés, abogado
Baltasar Garzón, abogado (Madrid).
Louis Joinet, Procurador General Honorario, ex Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Henri Leclerc, abogado, decano de la Orden de París
Wolfgang Kaleck, abogado (Berlín)
Jean-Pierre Mignard, abogado
Christophe Marchand, abogado (Bruselas)
Philippe Texier, Asesor Honorario de la Corte Francesa, ex Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Le Monde