12 de August de 2019
Foto: Ricardo Stuckert

Un grupo de 17 juristas de ocho países dieron a conocer un desplegado pidiendo a la Corte Suprema de Brasil que libere al expresidente de aquel país, Luiz Inácio Lula da Silva y anule los casos a los que está respondiendo en la corte.

El desplegado revela que las revelaciones del escándalo de mensajes intercambiados entre el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Operación Lava Jato, y Sergio Moro, quien condenó a Lula, “horrorizaron a todos los profesionales del derecho”.

“Nos sorprendió ver cómo se violaron las reglas fundamentales del debido proceso legal brasileño sin ninguna vergüenza”, también dicen en el texto que “en un país donde la justicia es igual para todos, un juez no puede ser juez y parte en un caso.

Ellos siguen: “Debido a estas prácticas ilegales e inmorales, la justicia brasileña está experimentando una grave crisis de credibilidad dentro de la comunidad jurídica internacional”.

Los juristas que firman el desplegado son de ocho naciones, dentro de las que destacan Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica, México, Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia

Los firmantes incluyen a Susan Rose-Ackerman, profesora de jurisprudencia en la Universidad de Yale. Es considerada una de las principales expertas anticorrupción del mundo.

El fiscal Deltan Dallagnol ya ha recomendado entrevistas suyas, presentando la profesora en las redes sociales como “la principal experta en el combate a la corrupción y su control del mundo.”

Su esposo, Bruce Ackerman, también firma el desplegado. Él fue profesor del Ministro Luís Roberto Barroso de la Corte Suprema Federal brasileña (STF), en Yale. Ellos son amigos hace 30 años.

El magistrado brasileño ha llegado incluso a invitar Bruce Ackerman para participar de un seminario sobre democracia, corrupción y justicia.

Otros nombres destacados que firman el documento son el profesor italiano Luigi Ferrajoli, una referencia de seguridad jurídica en el mundo; el ex juez español Baltasar Garzón, quien condenó al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, Alberto Costa, ex Ministro de Justicia de Portugal, y Herta Daubler-Gmelin, ex Ministro de Justicia de Alemania.

El grupo también está compuesto por ex presidentes y miembros de tribunales superiores, como Pablo Cáceres, ex presidente de la Corte Suprema de Colombia y Diego Valadés, ex juez de la Corte Suprema de México y ex fiscal general de la República.

Moro es el objetivo central de la crítica. Según los juristas, “no solo condujo el proceso parcialmente, sino que dirigió la acusación desde el principio”. Manipuló los mecanismos del laudo, dirigió el trabajo del fiscal, exigió el reemplazo de un fiscal con el que no estaba satisfecho y dirigió la estrategia de comunicación del fiscal”.

“Hoy, está claro que Lula no tenía derecho a un juicio justo”, afirman. “No fue juzgado, fue víctima de persecución política.”

Según los firmantes, la lucha contra la corrupción es esencial. Pero “en el caso de Lula, no solo la justicia fue instrumentalizada para fines políticos, sino que el estado de derecho fue claramente irrespetado para eliminar al ex presidente de la disputa política”.

Ellos concluyen diciendo ser “esencial” que los jueces del Tribunal Supremo
“ejerzan todas sus funciones y sean garantes del respeto de la Constitución.” E piden a las autoridades brasileñas que “tomen todas las iniciativas necesarias para identificar a los responsables de este grave abuso de procedimiento.”

Lea el documento original aquí.

Folha de S. Paulo | Traducido por Lys Ribeiro.