Hay una percepción histórica en los países desarrollados que la corrupción se disemina en los países en desarrollo y que la mayoría de los políticos y gobernantes de estos países se benefician personalmente de ella. Es bajo esta óptica que los medios de comunicación internacionales casi siempre analizan la actual situación brasileña y los procesos contra Lula. Sin embargo, no hay de la parte de él ningún mal hecho y su arresto es fruto de persecución política con el objetivo es impedirle de presentarse nuevamente a la Presidenta de la República en las elecciones de octubre.

El proceso contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue juzgado en la primera instancia por el juez federal Sérgio Moro, titular de la 13ª Cámara Federal de Curitiba, en la provincia de Paraná, al sur de Brasil. La condenación se sostuvo en la Corte de Apelación, en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sed en Porto Alegre, que aumentó la condena para 12 años y un mes de reclusión.

La Constitución Federal, en su 5º artículo, inciso LVII, asegura que “nadie será considerado culpable hasta que esté en cosa juzgada la sentencia penal condenatoria”. Esto significa que la presunción de inocencia perdurará hasta el termino del proceso, lo que puede incluir la revisión de los recursos hasta la última instancia, el STF. Por eso, la condenación en las instancias inferiores no tiene efectos inmediatos, bajo la pena de la violación de estas garantías constitucionales.

El ex presidente es acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, porque habría recibido del Presidente de la Constructora OAS un apartamento tríplex en una playa muy popular en el litoral del estado de São Paulo. Este inmueble fue considerado por la acusación como una ventaja indebida derivada de desviaciones en contrataciones con Petrobras. Reformas realizadas en el inmueble fueron consideradas actos de lavado de dinero. Sin embargo, Lula y sus familiares jamás fueron propietarios o pasaron una noche en aquel inmueble e incluso de sus llaves.

La investigación inicial de la “Operación Lava Jato” apuraba actos de lavado de dinero realizados por un grupo de “petroleros” en beneficio del fallecido Diputado Federal José Janene, elegido por la provincia de Paraná. Conforme a la Constitución, los hechos relacionados con las personas que ejercen cargos electivos en el Congreso Nacional deben ser constatados ante el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, el caso tramitaba ante el Juez Federal Sérgio Moro, de primera instancia, bajo la alegación de que uno de estos supuestos actos de lavado habría sido consumado en Londrina, municipio de la província de Paraná.

Moro no era competente para juzgar el caso de Lula, ya que el supuesto apartamento tríplex se sitúa en otro estado y otra región del país. El edificio donde se localiza este apartamento comenzó a ser construido por la Cooperativa Habitacional de los Bancos (Bancoop) fundada por el Sindicato de los Bancarios de São Paulo, pero como consecuencia de su crisis financiera diversos emprendimientos se vendieron a otras empresas, lo que incluyó ese edificio en el litoral de San Pablo. Dueña Marisa, esposa de Lula, tenía una cuota junto a Bancoop desde hace mucho tiempo. La OAS emprendimientos adquirió los derechos de construcción y comercialización de ese edificio y ofreció el apartamento tríplex como forma de compensar ese crédito, lo que jamás fue aceptado por Lula y sus familiares.

El departamento nunca dejó de ser propiedad de OAS, que, incluso presentó este inmueble como garantía en contrato de préstamo bancario. El departamento también constaba como de la empresa en el proceso de recuperación judicial de OAS, lo que también demostraba quién era su verdadero propietario. En complemento, no existe ningún documento que compruebe el interés de Lula en adquirir el inmueble o que compruebe su posesión o uso.

Uno de los socios de la Constructora OAS, conocido como Léo Pinheiro, dijo que ofreció el inmueble como retorno por una contratación con Petrobras. Sin embargo, él sólo lo dijo después de haber sido condenado a 16 años de prisión y de ver su acuerdo de colaboración premiado rechazado por el Juez Sérgio Moro. Él no tiene como corroborar esa acusación. Hasta ahora no se ha sabido la homologación de un acuerdo de colaboración premiado de Léo Pinheiro, pero el Juez Sérgio Moro aceptó su afirmación como si fuera verdadera, aunque las delitos sin pruebas no sean aceptadas por la legislación brasileña, y lo benefició con una ralentización de pena no previsto en la ley, lo que es completamente inusual en la tradición jurídica brasileña.

De acuerdo con la jurisprudencia brasileña, el Ministerio Público debería haber indicado de qué forma Lula habría favorecido a la Constructora OAS en los contratos con Petrobras, cuestión técnicamente llamada “acto de oficio”. Los fiscales de la República, con la concordancia de Moro, sólo afirmaron que Lula favoreció a la contratista al influenciar al Consejo de Administración de Petrobras en la elección de los directores. Las indicaciones de personas para ocupación de cargos en órganos y empresas vinculadas al Gobierno Federal son cuestiones cotidianas de la función de Presidente de la República de Brasil, lo que hace su condena absurda, pues no existe el “acto de oficio” y tampoco la comprobación de que Lula tuviera recibido cualquier bendición de OAS o que haya “lavado” el  dinero.

Hubo otras ilegalidades como la conducción coercitiva sin citación previa sufrida por Lula en 2016 y la grabación clandestina de los teléfonos del bufete de abogados que lo representa. La parcialidad del Juez también fue evidenciada por su participación en eventos organizados por políticos y vehículos de prensa antagónicos a Lula.

El ex presidente todavía aguarda la decisión de otras dos cortes: el Supremo Tribunal de Justicia (3ª instancia) y el Supremo Tribunal Federal. En 2016, el STF decidió por estrecha mayoría (6 votos a 5) que es posible arrestar a alguien después de una condena en segunda instancia, en contra de lo que consta en la Constitución, que dice que nadie será considerado culpable hasta el tránsito en curso del proceso, que sólo ocurre después de que la defensa ya no tiene la posibilidad de revertir la decisión.

Antes de su arresto, la defensa de Lula impuso un hábeas corpus apuntando el riesgo de violación de esa garantía constitucional, pero el Supremo Tribunal Federal, nuevamente por 6 a 5, negó el pedido. Una de las jueces que se opuso al habeas corpus declaró que la prisión en segunda instancia viola la Constitución pero que la jurisprudencia de 2016 no podría ser reformada meramente en el juicio del habeas corpus de un individuo y la Presidenta de la Corte Suprema ha impedido que el tema se vuelva a discutir.

La persecución política a Lula también se revela a través de otros hechos como el proceso en la primera y segunda instancias en velocidad récord e inédita en comparación con otros acusados ​​para que la condena fuera adecuada al momento político de 2018, en el caso, la elección presidencial y el ” el aumento de la pena impide que el “crimen” del que Lula es acusado, sea prescrito. La persecución política a Lula se evidenció nuevamente después de un juez de apelación de turno en el Tribunal Federal de la Cuarta Región (TRF-4) conceder un Habeas Corpus para liberarlo, por entender que la jurisprudencia del STF permite la detención en segunda instancia, pero que no es obligatoria y dependería una motivación específica, lo que no ocurrió en el caso de Lula. El juez de la apelación actuó en su competencia, pero a pesar de ello, Moro, aun estando de vacaciones en el exterior y no siendo más responsable por el caso, interfirió ante la Policía Federal, donde Lula está detenido, y junto a otro juez de la apelación del TRF-4, igualmente gozando de vacaciones, para que el ex presidente no fuera liberado.

Incluso preso, Lula encabeza todas las encuestas de intención de voto. Aunque en Brasil hay una polémica ley electoral llamada “Ficha Limpia”, que en principio impide la elección de personas condenadas en segunda instancia, la jurisprudencia mayoritaria ha permitido que esta inelegibilidad sea suspendida hasta el tránsito en juzgado de la condena, dado que la Constitución asegura que los derechos políticos de votar y ser votados sólo pueden ser suspendidos por una condena en la que no caigan más recursos. De esta forma, el Partido de los Trabajadores registrará la candidatura de Lula e intentará hacerla viable jurídicamente.

Lula es un prisionero político. Es inocente de las acusaciones que le hacen. Fue el gobernante de Brasil que más promovió leyes y medidas para combatir la corrupción. Su patrimonio personal cuando dejó la presidencia en 2010 era el mismo de cuando asumió el cargo en 2003. No tiene cuentas bancarias en países del exterior o en paraísos fiscales. Debe ser liberado y ejercer el derecho de ser candidato nuevamente.

 

Las opiniones de distintos juristas

Geoffrey Robertson (Australia), jurista, autor de libros sobre derechos humanos y abogado de Lula en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) al ser entrevistado por el Jornal GGN el 02/02/2018 durante el seguimiento del juicio del TRF – 4 :

“He venido aquí esperando que en un tribunal de segunda instancia haya una amplia defensa, en lugar de la situación primitiva del juicio en que un juez es parcial.

Necesito decir que yo estaba un poco preocupado por el comportamiento del juez Thompson Flores. ¿Quién es Thompson Flores? Es el Presidente del Tribunal de segunda instancia. Cuando usted toma el ascensor del Tribunal en Porto Alegre, que fue lo que hice hoy, allá arriba está Thompson Flores. Su gabinete controla este tribunal, él es el presidente.

Y ese hombre, unos días después de que el juez Moro hubiera pronunciado su juicio, dijo en una rueda de prensa que tal decisión era “perfecta”, sin defecto alguno. “Como ustedes, ciudadanos brasileños, esperan un juicio justo, una decisión justa sobre un recurso, cuando el presidente del Tribunal que decidirá la cuestión dice que el juicio del que se está recurriendo es “perfecto”, antes incluso de haber tenido tiempo de leerlo, pues el documento es muy extenso?

Es increíble. Algo así jamás ocurriría en ningún país civilizado del mundo. Tener el presidente de un tribunal de segunda instancia, antes de que el recurso sea presentado, que la decisión es perfecta. Y entonces, hace pocos días, su jefe de gabinete dice en su propia página de Facebook que Lula debería ir a la cárcel. ¿Y qué hace? Por supuesto, ella debería ser reprendida de alguna manera. Pero no. No hace nada. Él defiende su derecho a la libertad de expresión “.

 

Luigi Ferrajoli (Italia), jurista, profesor de derecho y autor de libros ampliamente utilizados en los cursos de derecho en Brasil en carta abierta 15/01/2018:

Quiero expresar mis preocupaciones cuanto las formas que el juicio en contra del ex presidente Lula fue creado y conducido.

La impresión que este proceso despierta en extenso sector de la cultura jurídica democrática italiana, es aquella de una ausencia impresionante de imparcialidad por parte de los Jueces y Fiscales lo condujeron, difícilmente explicable si no con la finalidad política de poner fin al proceso de reformas que fue realizado en Brasil durante los años de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff que retiraran de la miseria mas de 40 millones de brasileños.

Esta ausencia de imparcialidad – favorecida por el singular trazo inquisitorio del proceso penal brasileño que es la confusión entre el rol juzgador y el rol de instrucción que es el rol propio de la acusación – es confirmada por numerosos elementos.

Un primer elemento es la campaña mediática orquestada en contra de la figura de Lula y alimentada por un inaceptable protagonismo de jueces, los cuales se han pronunciado inúmeras veces abiertamente y públicamente en contra del ex presidente, afuera de los ámbitos del proceso en contra del acusado, de esta manera presentando en contra de el una hostilidad y un pre juicio que en cualquier otro sistema hubiese justificado la exclusión de estos magistrados.

Un segundo síntoma de la parcialidad de los magistrados fue la activa promoción por parte del juez de delaciones premiadas y una tendenciosa petición de principio en la evaluación de las pruebas, en general asumidas como verdaderas si estuviesen de acuerdo con la visión de la acusación y como falsas si en contradicción con las hipótesis acusatorias.

Un tercero factor de preocupación sobre la imparcialidad del proceso es dado por la simultaneidad del impeachment, con una base jurídica muy dudo, en contra de la Presidenta Dilma Rousseff, que generó la impresión que los dos procedimientos tienen significado político de una única operación, de restauración antidemocrática.

Finalmente, un ultimo motivo de preocupación con respeto a la ausencia de imparcialidad de juicio resulta de la noticia, reproducida con concordancia y naturalidad por muchos periódicos brasileños, que los jueces tendrían acelerado la celebración del proceso en la corte de apelación en relación a los tiempos habituales en los procesos ordinarios – generalmente bastante más largos de las impugnaciones ordinarias – con la finalidad de llegar a la sentencia condenatoria definitiva los más rápidamente posible, impidiendo de esta manera que el ex presidente Lula, aún bastante popular, de candidatearse en las próximas elecciones presidenciales.

Mi esperanza obviamente es que los desarrollos sucesivos de este proceso desmientan estas preocupaciones.

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