9 de junio de 2020
Jair Bolsonaro y Sergio Moro. Foto: Isac Nóbrega/PR

Hace exactamente un año el portal The Intercept empezó una serie de reportajes que sacudirían a cualquier país del mundo. En Brasil, el proceso ha sido diferente. La #VazaJato (“filtración-jato”) reveló al país que la condena del presidente responsable por una revolución social era injusta, y que la Operación Lava Jato (“Autolavado”) se guio por intereses oscuros.

El sitio publicó en asociación con otros vehículos de prensa casi 100 reportajes que mostraron los bastidores de Lava Jato y denunciaron abusos, ilegalidades, motivaciones políticas y mala conducta de los agentes públicos responsables por la operación. Pese a todas las pruebas en contra de Sergio Moro y Deltan Dallagnol, la mayor parte de los grandes vehículos de comunicación no hizo absolutamente nada para reparar los daños a la imagen del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue duramente atacada por años, tampoco lo hizo para restablecer la verdad acerca del proceso político que el país vive hoy.

Los casi 100 reportajes de Intercept Brasil se hicieron con base en charlas privadas filtradas del aplicativo Telegram. Los archivos eran, principalmente, de diálogos entre el coordinador de la fuerza tarea en Curitiba, Deltan Dallagnol y otros fiscales, además, claro, del ex juez a cargo del caso, Sergio Moro – ahora también ex ministro de Jair Bolsonaro.

Lograron impedir que Lula fuera candidato. Sergio Moro condenó el expresidente por “hechos indeterminados” – lo que no significa nada – en el caso del triplex de Guarujá y el expresidente fue encarcelado antes de la primera vuelta de las elecciones. Se quedó preso político hasta el día 8 de noviembre del 2019. Jair Bolsonaro fue elegido presidente de la República y Moro, a su vez, volvióse ministro de la Justicia y de la Seguridad Pública.

Los cambios de mensajes evidenciaron que el juez responsable por acompañar la investigación y por juzgala actuó como el coordinador de hecho de los fiscales, o sea, de la acusación. El entonces juez orientó las investigaciones a través de pistas informales, evaluó las piezas de acusación que los fiscales habían escrito, sugirió el orden y la periodicidad de operaciones, intervino en negociación de delaciones de Lava Jato, entre otras conductas antiéticas y completamente ilegales. El objetivo de la colusión con la fuerza tarea estaba explícito en las charlas: destruir la imagen del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y sacar el Partido de los Trabajadores del gobierno. Más tarde, trabajaron nuevamente para impedir la candidatura de Lula en las elecciones del 2018.

La conducta del ex juez Sergio Moro violó el debido proceso legal y, con ello, una serie de herramientas jurídicas nacionales y internacionales. La lista es extensa: el Código de Ética de la Magistratura, el Código Procesal Penal, la Constitución Federal de Brasil, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el tratado de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Las revelaciones escandalizaron juristas de renombre internacional, que evaluaron la conducta como una violación al Estado Democrático de Derecho. Abogados, jueces y ex ministros de Cortes Superiores de Justicia de varios países emitieron un manifiesto conjunto pidiéndole al Supremo Tribunal Federal de Brasil la anulación de los procesos ilegales y la liberación del expresidente (entonces preso político en la sede de la Policía Federal en Curitiba).

El pedido al STF tendría poca posibilidad de éxito: al menos tres de los once ministros de la Suprema Corte, órgano de tercera instancia del Poder Judicial en Brasil, estaban involucrados en el escándalo de la #VazaJato pues se habían aliado con Sergio Moro y con la fuerza tarea de la operación en contra de Lula.

La prensa internacional también se escandalizó. Vehículos importantes como Le Monde, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Al Jazeera y El País han repercutido las publicaciones del Intercept desde entonces, especialmente tras Moro (ya ministro de la Justicia y Seguridad Pública) abrir investigaciones contra Glenn Greenwald, y Bolsonaro abiertamente amenazar con prisión el fundador del Intercept Brasil a causa de su trabajo en la serie de reportajes.

Pero no sirvió de nada. Pese a las numerosas denuncias de parte de la prensa de Brasil, de toda la prensa internacional y, mismo por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las condenas contra Lula han sido reiteradas. De hecho, no hay Estado de Derecho para Luiz Inácio Lula da Silva.

Un año tras el comienzo de la #VazaJato (“filtración-jato”) y la confirmación de la parcialidad de Sergio Moro, los procesos contra el líder del Partido de los Trabajadores, que, si hubiera justicia, deberían haber sido anulados, siguen en marcha. Lula fue liberado, pero todavía no es libre.

Debido a Sergio Moro, a las mentiras sostenidas por él, por los fiscales y otros magistrados y, principalmente, por los grandes vehículos de comunicación, hoy Brasil está bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Un hombre que es acusado en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad. El tribunal juzgará si Jair Bolsonaro es culpable por la muerte de casi 40 mil brasileños hasta ahora. Las mentiras de la Operación Autolavado (Lava Jato) resultaron en la ascensión de esta nueva forma del fascismo en Brasil.

Revisión: Marc Cabioch