La imagen de la operación “Lava Jato” se derrite también en el exterior

Luiz Inácio Lula da Silva fue liberado. Pero no se hizo justicia. En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo Federal decidió restablecer la jurisprudencia garantizada de la Constitución, que impide que una persona sea detenida hasta que se hayan agotado todos los recursos a su favor. Sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del caso: ¿ Lula tenía derecho a un juicio justo?

La forma en que el ex juez Sergio Moro llevó el caso contra el ex presidente brasileño ha sido objeto de controversia en el ámbito jurídico desde su creación. Sin embargo, gracias al apoyo incondicional de gran parte de la prensa y la opinión pública brasileña e internacional, se convirtió en el emblema de la Operación “Lava Jato”. Pero la elección de Jair Bolsonaro, el nombramiento de Sergio Moro como ministro de justicia y la publicación de las conversaciones de los fiscales de la Operación Lava Jato con Moro y otras autoridades, que ponen al descubierto numerosas ilegalidades cometidas durante el proceso, han hecho que se cuestionen los métodos de esta operación. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún tribunal se ha atrevido a cuestionar el mérito de las 218 páginas de la sentencia que cambió el destino de Brasil y ayudó a abrir las puertas de la presidencia de la República a Jair Bolsonaro. Ha llegado el momento de que el STF se ocupe del asunto.

Vayamos a los hechos.

El ex presidente Lula fue condenado por recibir un apartamento de un contratista a cambio de contratos públicos, según la acusación de un convicto que cambió su testimonio a cambio de una reducción de su condena. Sin embargo, la investigación deja claro que Lula o sus parientes nunca residieron o tomaron posesión de esta propiedad. El propio Moro admite en su veredicto que lo condena sin ninguna prueba de un acto ilegal. Incluso el propio ex-juez reconoció en la declaración de embargos que la sentencia contra Lula no se basa en la denuncia del MPF. Asimismo, desde 2016 se sabe que los abogados de Lula han sido objeto de espionaje telefónico ilegal, y varios ministros del STF han declarado que para detener a Lula antes de la campaña presidencial de 2018, Moro había desobedecido las normas de procedimiento y manipulado los mecanismos de conducta coercitiva.

Sin embargo, gran parte de los medios de comunicación, en lugar de adoptar una postura crítica e independiente, se convirtieron en reproductores de las narraciones de los fiscales de Moro y el juzgado de Curitiba, lo que en un momento dado les llevó a criticar la operación de Lava Jato como sinónimo de complacencia con la corrupción.

En un país con graves problemas de pluralismo (según Reporteros sin Fronteras, Brasil ocupa el puesto 107 en la clasificación mundial de la libertad de prensa) debido en gran parte a la excesiva concentración de los principales medios de comunicación, la divinización de la Operación Lava Jato tuvo importantes consecuencias políticas y jurídicas. Moro y los fiscales se han convertido en verdaderos actores centrales de la vida pública, cuya influencia y poder han superado con creces su papel de jueces y miembros del Ministerio Público, lo que les ha permitido obtener protección contra las críticas vinculadas al avance del caso contra Lula. En el poder judicial, esto se tradujo en una verdadera licencia de impunidad: en una decisión de 2016, el tribunal de apelación de Porto Alegre (TRF-4), que analizó la sentencia de Lula, determinó que la Operación Lava Jato “no necesita seguir normas procesales comunes” porque “los casos traen problemas sin precedentes y requieren soluciones sin precedentes”. Así, este tribunal absolvió a Moro por revelar una conversación entre Lula y Dilma Rousseff, a pesar de que el propio STF lo consideró un acto ilegal. Según varios políticos, sin esta filtración, es probable que la acusación de Dilma Rousseff no hubiera procedido.

Sin embargo, fue a través de la propia prensa que la verdad salió a la luz. Un archivo que contiene miles de mensajes de texto, audio y video del servicio de telegramas, publicado por The Intercept, en colaboración con diferentes vehículos -incluyendo El País- causó un terremoto político en el país. En estas conversaciones, Sergio Moro guía las acciones del ministerio público y la policía federal, decide qué evidencias deben incluirse en el proceso, sugiere la estrategia de comunicación del fiscal y oculta la información diversa del caso al STF. El emblemático juez en la lucha contra la corrupción era, de hecho, juez y partido.

Por primera vez desde el comienzo de la operación, el consenso de los medios de comunicación en torno a Moro estaba llegando a su fin. En el ámbito jurídico internacional, para quien era un entusiasta de la Lava Jato, la reacción fue de asombro: en un manifiesto firmado por 17 abogados, juristas, ex ministros de justicia y ex ministros de tribunales constitucionales -entre ellos Susan Rose-Ackerman, Bruce Ackerman, Luigi Ferrajoli y Baltazar Garzón, entre otros- los firmantes declararon que, debido a los métodos de Lava Jato, la justicia brasileña “atraviesa actualmente una grave crisis de credibilidad en la comunidad jurídica internacional”.

Y con razón. Según un profesor de derecho especializado en el STF, “los argumentos jurídicos no son buenos” en el caso Lula.

Si quisiera restaurar la credibilidad perdida por las acciones de Moro y la Lava Jato, el STF debería permitir que Lula tuviera un juicio justo, anulando los procesos instruidos por Moro y reconociendo que la corrupción no puede ser combatida con métodos corruptos.

Gaspard Estrada (@Gaspard_Estrada), es director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina y el Caribe (OPALC) en Sciences Po.

El País | Traducido por César Ortega, Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe.