Consumado el triunfo, se abre ahora la pregunta por el futuro de Brasil y de América Latina. ¿Qué va a hacer Jair Bolsonaro? ¿Hasta dónde va a llegar el “loco Bolsonaro”? Y lo primero que habrá que decir es que más allá de las provocaciones, como la que lo muestra simulando disparar con una ametralladora improvisada a una multitud que lo aclama, no estamos ante la presencia de un demente sino de un político oscuro pero intuitivo y con experiencia, que supo leer mejor que nadie que la crisis que se abrió con las protestas callejeras contra Dilma Rousseff en 2013, continuó con el Lava Jato y siguió con el golpe institucional y la proscripción de Lula no es un episodio aislado, un calambre de esos que cada tanto aquejan a nuestras entumecidas democracias, sino un punto de inflexión, el signo de un cambio de época.

En efecto, desde la llegada al poder de Fernando Henrique Cardoso en 1995 la política brasilera estuvo caracterizada por una dinámica centrípeta, más de veinte años de un camino que por supuesto no fue lineal, porque del neoliberalismo atenuado de Cardoso al reformismo lulista hubo importantes diferencias, pero que le permitió a Brasil crecer a tasas sostenidas, retomar el protagonismo geopolítico y, a partir de la llegada del PT al poder, emprender un gigantesco impulso de inclusión social. Ese ascenso, que tuvo como soportes la “Constitución ciudadana” de 1988 y el Plan Real de 1994, es lo que entró en crisis con el acelerado proceso de regresión de los últimos tres años que concluyó con el rotundo triunfo de Bolsonaro.

Pero decíamos que la pregunta que se impone hoy es por el futuro y los límites del flamante presidente. Y en este sentido conviene recordar que Brasil cuenta con un sistema de pesos y contrapesos más caótico pero no menos exigente que el de Estados Unidos: 26 Estados (más el Distrito Federal) distribuidos a lo largo de un país de dimensiones oceánicas a cargo de gobernadores pertenecientes a una decena de partidos distintos, y un Congreso que amaneció de los comicios más fragmentado que nunca: el Partido Social Liberal de Bolsonaro contará con sólo 4 senadores (sobre 81 divididos en 21 bloques) y 52 diputados (sobre 513 divididos en… ¡32 bancadas!).

Si el drama del sistema político brasilero es la fragmentación (y los intentos del poder central, del Imperio al getulismo y de ahí a Lula, por moderarla), el resultado de las elecciones muestra un panorama absolutamente estallado. Hasta ahora, la solución sui generis a este problema era el “presidencialismo de coalición”, es decir la integración al Ejecutivo de fuerzas de diferente orientación a cambio de periódicas transfusiones de gobernabilidad (Dilma llegó a tener 39 ministros de 9 partidos), en el que la corrupción funcionaba como lubricante. El Lava Jato, sin embargo, puso fin a esta dinámica.

El segundo factor a considerar son los poderes burocráticos. La centralidad política y social del Estado brasilero, cuya forma actual se remonta al Estado novo, se refleja en una serie de dispositivos institucionales que gozan de una amplia autonomía. Situados en lugares tan distintos de la administración pública como Itamaraty, Petrobras o los bancos estatales, funcionan como una “quinta columna burocrática” capaz de imponerles límites a los presidentes, que se ven obligados a negociar con ellos y que a menudo no tienen más remedio que rendirse ante los sutiles mecanismos de bloqueo que les imponen a sus impulsos reformistas.

Por último, Bolsonaro deberá lidiar con potentes actores extra-institucionales. Aunque todo indica que, dada su súbita conversión al neoliberalismo más extremo, el establishment, al menos al comienzo, lo respaldará, de todos modos deberá enfrentar por ejemplo las necesidades de protección de los industriales paulistas reunidos en la FIESP. Y por supuesto la resistencia de las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, las ONG progresistas y parte de una opinión pública en estado de alerta y movilización.

¿Cómo hará Bolsonaro para superar estas restricciones y concretar su promesa de bajar la edad de imputabilidad, flexibilizar la tenencia de armas, juzgar como actos terrroristas la ocupación de tierras y propiedades, proteger mediante una legislación especial a los policías acusados de violar los derechos humanos, eliminar la educación sexual de las escuelas y atenuar las normas de protección ambiental? ¿Podrá concretar un programa ultraneoliberal que incluye el congelamiento del gasto público, la privatización de empresas estatales y la creación de un sistema de capitalización individual de las jubilaciones, es decir una profundización de las reformas iniciadas por Michel Temer?

Por supuesto, el presidente se podrá recostar en la bancada de la “triple B”, por buey, Biblia y bala, que representa los intereses del agronegocio, las iglesias evangélicas y los defensores de la mano dura, incluyendo dentro de estos a tres decenas de ex militares, policías y bomberos que llegaron al Congreso. Aunque en total son unos 300, se trata de legisladores desperdigados en diferentes bloques cuyos intereses no siempre coinciden: no todos los pastores están de acuerdo con los grandes propietarios rurales ni todos los ex militares con los evangelistas. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, las posibilidades de gobernar por decreto, que allá se denominan “medidas provisorias”, son más limitadas, dado que una vez pasados los 120 días el Congreso está obligado a aprobarlos o rechazarlos (si no lo hace no puede tratar ninguna otra ley).

En suma, el nuevo gobierno amanece rodeado por un muro político, institucional y social, un perímetro duro que, considerado conjuntamente con el talante autoritario de Bolsonaro y la relación directa que ha logrado construir con una parte de la sociedad, sugieren la posibilidad de una fujimorización, una salida autoritaria-plebiscitaria al estilo del autogolpe peruano de 1992, que incluyó el cierre del Congreso, la sanción de una nueva Constitución y su masiva aprobación posterior en un referéndum. Lejos de tratarse de una fantasía, fue de hecho lo que anunció como posibilidad el vicepresidente electo, el general Antônio Hamilton Martins Mourão, que luego fue desmentido por Bolsonaro.

Sin embargo, quizás convenga pensar el futuro de la democracia brasilera sin apelar al pasado. En tiempos de crisis de representación y pos-política, tal vez la utopía reaccionaria que encarna Bolsonaro se tramite de una manera diferente.

En primer lugar, otorgándoles más poder a los militares sin recurrir a un golpe. Las Fuerzas Armadas brasileras, por el relativo éxito económico de la dictadura y el carácter feroz pero comparativamente menos extendido de la represión que aplicó, conservan altos niveles de aprobación. Ya antes de la victoria del ex capitán Bolsonaro habían comenzado a recuperar incidencia política, un protagonismo que llegó a niveles descarados con el tuit del jefe del Ejército amenazando a la justicia ante una posible liberación de Lula y la entrevista, cargada de consideraciones electorales, que concedió a O Estado de S. Paulo antes de las elecciones.

En este aspecto como en otros, Bolsonaro es consecuencia –y no causa– de los problemas de Brasil: afirmándose en tendencias que lo preceden, su gobierno probablemente profundice la militarización de la seguridad pública, que había comenzado con los fracasados operativos de pacificación en las favelas ordenados por Lula y que se agudizó durante el gobierno de Temer con la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro. Podría incluso ir más allá, apelando a las Fuerzas Armadas para desalojar tierras ocupadas, desbloquear cortes de rutas o retomar el control de las empresas públicas estratégicas ante una eventual resistencia sindical, aunque deberá recorrer un camino largo para llegar a un esquema de cogobierno cívico-militar al estilo chavista. La criminalización de la protesta social a través de una interpretación laxa de las leyes anti-terroristas y la utilización de la justicia como herramienta de persecución y proscripción de dirigentes populares –una profundización del lawfare– redondean un horizonte posible.

Otra promesa de campaña, la eliminación de las medidas de acción afirmativa que por primera vez en la historia del país posibilitaron el ingreso masivo de negros, indígenas y favelados a las universidades, seguramente contará con el apoyo de una parte de los medios de comunicación y la opinión pública, y en el camino le permitirá al nuevo gobierno ofrecer una cierta satisfacción simbólica a los reclamos de quienes en los últimos años sufrieron pérdidas de estatus relativo como resultado de las políticas de inclusión del PT, que durante la campaña fueron adquiriendo la forma de una promesa de retorno a un pasado mítico de orden.

Por último, el atajo xenófobo. Se calcula que unos 800 venezolanos ingresan todos los días a Brasil, lo que demuestra que el aporte de la crisis bolivariana al ascenso de la derecha latinoamericana es doble: como distopía populista que permite agitar el fantasma improbable de la venezuelización y como expulsora de millones de ciudadanos que huyen del hambre y el caos. Aunque Brasil se ha mostrado tradicionalmente abierto a las corrientes migratorias, últimamente viene registrando un aumento de los incidentes en los Estados fronterizos con Venezuela, en particular en Roraima, donde se produjeron linchamientos, la expulsión de recién llegados y un primer desembarco del Ejército para endurecer la seguridad. No cuesta mucho imaginar al presidente Bolsonaro apelando al recurso fácil de la xenofobia mediante un despliegue más amplio de las fuerzas de seguridad o a través de la provocación directa a la sociedad, lo que resultaría peligrosísimo en un país con una historia densa de paramilitarismo y escuadrones de la muerte.

En suma, quizás la mejor forma de imaginar al nuevo gobierno brasilero no sea recurrir a la historia sino bucear en los mecanismos profundos –que son también oportunidades– de las sociedades posindustriales: sociedades fragmentadas e interconectadas, con los lazos de solidaridad debilitados y donde un estado de anomia convive con arrebatos de furia anti-sistema y grupos de intensa politización, entre el nihilismo permanente y la explosión ocasional. La pregunta por los límites y márgenes de acción del nuevo gobierno es la pregunta por el populismo de derecha en países de baja institucionalidad, más cerca del manodurismo filipino de Rodrigo Duterte y el i-liberalismo húngaro de Victor Orbán que de Donald Trump o Matteo Salvini.

Podríamos resumirlo así: parece difícil que Bolsonaro avance en la construcción de un Estado fascista al estilo de entreguerras y –aunque no puede descartarse– tal vez tampoco se decida por la vía límpida del autogolpe. El pos-fascismo, según la atinada definición de Enzo Traverso, se vale de otros métodos (1). Negra como una noche sin luna, la fórmula bolsonariana de autoritarismo social con ultraneoliberalismo económico puede construirse por caminos más discretos, menos rotundos pero no menos eficaces.

1. Las nuevas caras de la derecha, Siglo XXI, 2018.

El Diplo

Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil

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