Los juristas han denunciado injusticias contra Lula desde hace dos años. ¿Durante cuánto tiempo este proceso se va a arrastrar?

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es víctima de una persecución que utilizó a la Justicia como instrumento para intentar hacer de Lula una persona políticamente inviable. Han pasado siete años desde el inicio de este proceso que fue desencadenado por la Operación Lava Jato y que hoy, ya se sabe, contó con la participación del FBI. En este momento, Lula ha recuperado sus derechos, pero persiste el riesgo de que siga siendo blanco de injusticias.

Por ello, es fundamental recordar la histórica movilización de juristas y líderes políticos contra prácticas ilegales que ponen en riesgo la credibilidad del Poder Judicial brasileño ante el país y la comunidad internacional.

Las denuncias de que la Operación Lava Jato y el ex juez Sergio Moro actuaron para manipular la opinión pública y el sistema legal en su conjunto fueron omitidas por la mayoría de los principales medios de comunicación durante los primeros años de dicha operación.

Las organizaciones Globo, muchos “periodistas” y estaciones de radio ignoraron, por ejemplo, el documento firmado por 17 juristas extranjeros que denunciaron el desprecio al debido proceso legal y criticaron las prácticas de Sergio Moro.

A pesar de la postura de los medios, la importancia de este documento, publicado en agosto de 2019, es evidente porque, durante la presentación de sus votos en el juicio sobre la parcialidad de Moro, los ministros de la Suprema Corte, Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski, mencionaron el documento y sus autores.

Los 17 suscritores del manifiesto son:

• Bruce Ackerman, profesor Sterling de derecho y ciencias políticas, Universidad de Yale
• John Ackerman, profesor de derecho y ciencias políticas, Universidad Nacional Autónoma de México
• Susan Rose-Ackerman, profesora emérita Henry R. Luce de jurisprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale
• Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
• William Bourdon, abogado registrado en la Orden de París
• Pablo Cáceres, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
• Alberto Costa, abogado, exministro de Justicia de Portugal
• Herta Daubler-Gmelin, abogada, exministra de Justicia alemana
• Luigi Ferrajoli, profesor emérito de derecho, Roma Three University
• Baltasar Garzón, abogado inscrito en la Orden de Madrid
• António Marinho e Pinto, abogado, ex presidente (presidente) del Colegio de Abogados de Portugal
• Christophe Marchand, abogado registrado en la orden de Bruselas
• Jean-Pierre Mignard, abogado registrado en la Orden de París
• Eduardo Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
• Philippe Texier, ex juez, consejero honorario del Tribunal de Cassasseo de France, ex presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
• Diego Valadés, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de México, ex fiscal general de la República
• Gustavo Zafra, ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El documento firmado por ellos tenía como objetivo invitar a los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) a reflexionar “ante los graves vicios de las demandas presentadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”. Los firmantes señalaron que las revelaciones hechas por Glenn Greenwald, de The Intercept y otros medios de prensa causaron espanto. “Las reglas fundamentales del debido proceso legal en Brasil fueron violadas sin pudor”. El documento citado por dos jueces del STF también señaló que “en un país donde la justicia es igual para todos, un juez no puede ser juez y parte en una demanda”.

El documento también afirma que Sergio Moro “no sólo condujo el proceso con parcialidad, sino que comandó la fiscalía desde el principio”, que él manipuló los mecanismos del alegato ganador e interceptó los teléfonos de los abogados de Lula. Ante los hechos señalados, los juristas afirman que “Lula no tuvo derecho a un juicio justo” y que es fundamental que los jueces del STF garanticen el respeto a la Constitución. Finalmente, el documento concluye que la justicia se ha instrumentalizado con fines políticos y se ha irrespetado claramente el estado de derecho. “No existe estado de derecho sin el debido respeto al proceso legal”.

Parte de los autores del documento y algunos otros nombres relevantes ya se habían pronunciado en agosto de 2018, cuando diez juristas y abogados europeos y latinoamericanos enviaron cartas a la entonces presidenta del STF, Cármen Lúcia, y al presidente de la República, Michel Temer, demostrando preocupación con las irregularidades en el proceso que llevó a Lula a prisión.

Los firmantes tejieron críticas a la divulgación de la conversación entre Dilma Rousseff y Lula, que había sido interceptada ilegalmente, y destacaron las “condiciones criticables” bajo las que se anuló la decisión del juez Rogério Favreto de liberar al ex-presidente y “el carácter parcial del proceso que llevó a la detención de Lula ”. Diez abogados firmaron el documento, entre ellos: Baltasar Garzón, de España; Luigi Ferrajoli, de Italia y William Bourdon, de Francia. La carta también está firmada por otros nombres relevantes, como el jurista Emílio García Méndez, presidente de la Fundação Sul-Argentina, y el presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos (LDH), Henri Leclerc.

La persecución al expresidente Lula, por supuesto, también generó un intenso debate entre los juristas brasileños. Este debate también fue ignorado por la mayor parte de los medios de comunicación brasileños, principalmente, por los vehículos que se proponían ser los mayores portavoces de Lava Jato.

En junio de 2018, 270 abogados brasileños publicaron un manifiesto contra la desestimación y el archivamiento de la solicitud de libertad del expresidente Lula y señalaron que este debate es profundo, se trata del Derecho brasileño: “Se trata de que la Corte Suprema diga sí o no a una garantía constitucional de la libertad, prevista en la Constitución como cláusula de piedra ”. Estos expertos siguen comprometidos con la defensa del debido proceso legal y de la Constitución brasileña, mediante la publicación de artículos en periódicos durante los últimos años y la presentación de sus perspectivas en diversas entrevistas. Basta con consultar los medios de comunicación, páginas web especializadas o la página del grupo Prerrogativas que lanzó dos libros que abordan el tema: “El libro de las sospechas” y “El libro de las parcialidades”.

Otros documentos históricos firmados por dirigentes de todo el mundo son el manifiesto “Elección sin Lula es fraude”, del año 2018 y el Manifiesto de Solidaridad Internacional al presidente Lula por la nulidad de las sentencias del STF, que se publicó en noviembre de 2020.

Las injusticias contra Lula fueron denunciadas por personalidades con premios Nobel, por ex presidentes de diferentes países, ex cancilleres e intelectuales de todo el mundo como Noam Chomsky, David Harvey, Boaventura de Sousa Santos, Chantal Mouffe y muchos otros.

Si el cumplimiento de la Constitución brasileña no está garantizado, el estado de derecho puede sufrir un golpe más y el descuido del debido proceso legal puede normalizarse. Algo que sería una tragedia para un país donde innumerables injusticias ya son flagrantes.

Los manifiestos mencionados están disponibles aquí, aquí y aquí.

Traducido por Cristina Gomes.