20 de diciembre de 2018

Ler em português | Read in English

Una vez más los sectores partidarizados de la Fiscalía Pública y del sistema judicial brasileño se articularon para negar a Lula el derecho a recurrir en libertad contra la condena arbitraria de la que es víctima. No hay precedentes, en la tradición brasileña, de una persecución tan cruel a un líder político reconocido internacionalmente.

La liminar concedida el miércoles por el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurelio Mello, restableció el principio constitucional de la presunción de inocencia, según el cual nadie puede ser arrestado antes de ser juzgado en todas las instancias, como es el caso de Lula y de miles de ciudadanos que cumplen la pena por adelantado.

Este problema estaba listo para ser iluminado por el pleno del Supremo a partir del inicio del año, pero la entonces presidente del STF, Ministra Carmen Lucía, arbitrariamente decidió impedir el juicio de las acciones declarativas de inconstitucionalidad (ADC) sobre el tema antes de las elecciones.

El motivo obvio, pero astutamente oculto, era evitar una decisión que garantizara los derechos constitucionales de Lula, el candidato que lideraba todas las encuestas para vencer en la primera ronda de las elecciones presidenciales. Fue un gesto mezquino que tuvo influencia directa en el proceso electoral, además de mantener la inseguridad jurídica sobre los procesos de miles de ciudadanos.

El 8 de julio el sistema judicial salió nuevamente de la normalidad, cuando el entonces juez, Sérgio Moro (que estaba de vacaciones), la directiva de la Policía Federal y el presidente de la segunda instancia de justicia (TRF – 4) trabajaron juntos para impedir al cumplimiento de un habeas corpus por Lula, concedido y perfectamente justificado por el juez Rogério Favreto. El episodio tuvo repercusión negativa para las instituciones brasileñas alrededor del mundo.

Finalmente, en la madrugada del primero de septiembre, la mayoría del Tribunal Superior Electoral juzgó anulado el registro de la candidatura de Lula, garantizada expresamente por el artículo 16-A de la ley electoral y violando flagrantemente una decisión del Comité de Derechos humanos la Naciones Unidas que garantizaba los derechos políticos de Lula, incluso preso. Una vez más el sistema judicial partidista creó una humillación internacional.

En la tarde de ayer, ante la orden incuestionable del Ministro Marco Aurelio, la Fiscal General de la República, Rachel Dodge, se rebeló contra la justicia y solicitó la suspensión de la medida cautelar (que no tiene precedentes), e hizo referencia específica al ciudadano, Luiz Inácio Lula da Silva, y sólo a él, a pesar que la decisión del Ministro Marco Aurelio fue dirigida indiscriminadamente a todos cumpliendo prisión anticipada antes del tránsito en juzgado.

Raquel Dodge, nominada para el cargo por el usurpador Michel Temer, es la misma que apoya la aprobación de las cuentas electorales de Jair Bolsonaro, a pesar de todas las evidencias de uso de fondos ilegales para financiar una industria de mentiras contra el PT en la internet, es la que está exigiendo, ilegalmente, la devolución de los fondos empleados en la campaña de Lula, contrariando una vez más la Ley Electoral en su artículo 22-A. Es la misma jefa de la Fiscalía que nada hace para interrogar al asesor de la familia Bolsonaro que movió más de R$ 1,0 millón irregularmente y no aparece para explicarse.

Mientras Dodge estaba planeando el derrocamiento de la medida cautelar que restauró la presunción de inocencia, la jueza de ejecuciones penales de Curitiba, Carolina Lebbos, se negó a obedecer la orden de liberación de Lula, en desacato flagrante de la Corte Suprema, y haciendo una petición sin razón para una audiencia a la Fiscalía.

Los medios informan que la revocación de la liminar del Ministro Marco Aurelio fue precedida de una reunión del Alto Comando del Ejército para evaluar las consecuencias de una eventual liberación de Lula. Se recuerda que el comandante del ejército, general Villas Boas realizó una manifestación inadecuada y jerárquicamente inadmisible cuando el Tribunal Supremo en la víspera de la prueba de un habeas corpus a favor de Lula hace algunos meses. Los dos episodios sugieren una tutela inconstitucional de las Fuerzas Armadas sobre la más alta corte de justicia de Brasil.

Para, de forma sin precedentes, revocar la orden del ministro Marco Aurelio, el presidente del Supremo Tribunal, Dias Toffoli, dio una verdadera revuelta judicial, con un claro sesgo partidista. La decisión tomada a la prisa y con precaria base institucional, demuestra claramente la alineación de la Presidencia del Supremo, desde Carmen Lúcia, con adopción de soluciones autoritarias que atienden al objetivo de callar la voz de Lula en el escenario político brasileño.

Aunque todavía existen jueces y fiscales que se rigen por la Constitución y el debido proceso del sistema judicial brasileño, este está hegemonizado por la práctica de la excepción, actuando como carceleros y verdugos del mayor político y líder del país.

Brasil no va a reencontrarse con la democracia y el estado de derecho, ni volverá a respetar el sistema judicial, mientras éste no vuelva a respetar la Constitución y garantizar el respeto al debido proceso legal para todos los ciudadanos, ya se llamen o no Luiz Inacio Lula da Silva.

Recuerda, por último, que todos los abusos que han sido o serán cometidos contra Lula serán denunciados a nivel internacional y se añaden al procedimiento actual en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para investigar la arbitrariedad y la manipulación del sistema judicial brasileño contra el ex presidente Lula, el llamado lawfare.

Sólo existe una explicación para las arbitrariedades y persecuciones contra el ex presidente. El miedo que tienen de Lula, pues, incluso preso injustamente, es el mayor líder popular del país y la personalidad brasileña más respetada alrededor del mundo.

La lucha por la libertad de Lula, preso político de ese régimen de excepción que se configura en el país, es bandera central de la resistencia democrática y continuará en 2019 en el centro de la coyuntura brasileña. El Comité Nacional Lula Libre, compuesto por más de 80 entidades y personalidades brasileñas, y el Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y la Democracia con sucursales en varios países del mundo, irán llevar a cabo actividades y movilizaciones mientras que Lula esté encarcelado injustamente, en defensa de la democracia y de los derechos del pueblo brasileño.

¡Lula es inocente! ¡Lula Libre!
Comisión Nacional Ejecutiva del PT
Curitiba, 20 de diciembre de 2018