[Nota] Nueva actuación del Tribunal Federal expone la instrumentalización de la justicia brasileña
El Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil denuncia el sucedido en la semana pasada, cuando un tribunal regional brasileño violó la comprensión del Tribunal Supremo Federal y contradijo sus propias decisiones, con el objetivo de avanzar en la persecución política y legal de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ocurrido que una vez más expone la instrumentalización de la ley con fines políticos, ejercida por una parte del sistema de justicia brasileño, es motivo de gran preocupación. Representa otro ataque frontal contra el estado democrático de derecho, que ya se encuentra en visible deterioro en la historia reciente del país.
El 27 de noviembre de 2019, en Porto Alegre, sucedió el juzgado de apelación de defensa de Lula da Silva a la condena de primera instancia, en el caso conocido como ‘Sitio de Atibaia’, una acción con muchas irregularidades y ausencia total de evidencia material.
El resultado del juicio fue el rechazo del reclamo de nulidad, la confirmación de la condena y un aumento de la sentencia del ex-presidente a 17 años en la cárcel. La decisión fue dictada por el 8o Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), un órgano de segunda instancia del Poder Judicial brasileño que opera en el sur del país.
Lula, cual fue sometido a 580 días a la cárcel, un acto reconocido internacionalmente como prisión política, tuvo juicio determinado para solo 19 días después de su liberación. En procedimientos normales, su caso tendría que ser analizado después de los 1,941 casos que precedían al suyo. Sin embargo, las leyes se aplican de manera distinta cuando se trata de Lula y la apelación se revisó en tiempo récord.
El tribunal actuó en total desacuerdo con la comprensión del Tribunal Supremo Federal (STF) de que los denunciados, como Lula, deben presentar sus acusaciones finales después de los denunciantes, bajo pena de nulidad de la acción penal.
Otro hecho en este juicio que sorprendió fue la rapidez con la que los jueces del TRF-4 contradijeron la propia jurisprudencia.
Hace menos de un mes, la jueza Gabriela Hardy tuvo una sentencia anulada por estos mismos magistrados, debido al plagio de otras partes de la acusación. Según el TRF-4, el uso de extractos completos de las acusaciones finales del Ministerio Público (órgano acusador) para corroborar la decisión de la jueza da como resultado la nulidad del a sentencia, ya que viola el artículo 93, punto IX, de la Constitución Federal.
Hardt repitió la conducta para condenar Lula, pero el TRF-4 no repitió la comprensión.
Según la opinión experta del Instituto Del Picchia, el texto de la sentencia en el caso del ‘Sítio de Atibaia’ presentó indicaciones convincentes de que se trataba de una copia de la condena de un caso anterior contra Lula por Moro en 2017. Esta vez, párrafos enteros iguales, con el uso de la palabra ‘departamento’ cuando el proceso se refería a un sitio y el tratamiento de un denunciante como si fueran dos personas distintas fueron considerados ‘simple coincidencia’ por los magistrados.
La decisión del tribunal se basó completamente en argumentos políticos en detrimento de cuestiones legales. Y aunque el delito atribuido a Lula presupone la demostración del acto criminal, nuevamente el mérito legal no fue analizado y los jueces recurrieron al artificio de “acto de oficio indeterminado”. Es decir, el ex-presidente Lula ha sido condenado por realizar actos que los acusadores y los jueces dicen que no conocen a cambio de ventajas indebidas que no pueden probar.
Está claro que Lula no tenía acceso al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que garantiza de que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Las sentencias de excepción y arbitrariedades a las que ha sido sometido Lula no tienen consecuencias solo en lo relacionado a las violaciones sistemáticas de sus derechos civiles y políticos. Tampoco se limitan al objetivo de alienar al ex-presidente de la escena política brasileña.
Representan, principalmente, la oposición a la lucha por la justicia social y la defensa de la paz, simbolizadas en su figura. Por lo tanto, relegan el derecho, y las leyes, y utilizan las prácticas de lawfare para perpetrar un ataque real contra el orden constitucional y democrático de Brasil.
El Comité Internacional Lula Libre seguirá luchando para comprender que la defensa de la inocencia de Luiz Inácio va mucho más allá de repudiar las injusticias cometidas contra un hombre. Es la batalla por un Brasil – y un mundo – socialmente justo, económicamente inclusivo y esencialmente democrático, que solo saldrá victorioso a través de la suma de los esfuerzos de todas y todos que forman parte de las fuerzas democráticas en todo el mundo.
Sao Paulo, 3 de diciembre de 2019
Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil
Traducido por Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe.
