¿Es Lula víctima de persecución política?
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Las dudas sobre la motivación de las causas abiertas contra el expresidente se dispararon tras la integración en el gobierno de Bolsonaro del juez que metió en la cárcel al carismático líder político, Sérgio Moro, y tras la llegada de una segunda sentencia que roza el absurdo.
“Si abro la boca, esta república se derrumba”. Alberto Youssef acababa de ser detenido en un operativo rutinario de la policía brasileña para investigar irregularidades en locales de lavado de carros. Lo que parecía una estridencia de un delincuente de poca monta arrogante terminó siendo profético. Nadie lo sabía ese día cualquiera de marzo de 2014, pero acababa de estallar el escándalo Petrobras, uno de los más grandes de la historia moderna en todo el mundo.
El 25 de noviembre de 2015, Delcidio Amaral, senador del Partido de los Trabajadores (PT) fue detenido en la trama, y decidió implicar a Lula y a la entonces presidenta petista, Dilma Rousseff. La pesadilla había empezado. La policía investigó la posible implicación del carismático exmandatario en una trama de tráfico de influencias, y en marzo de 2016 la fiscalía de Sao Paulo acusó formalmente a Lula de lavado de dinero.
Desde entonces, hasta ocho casos se han acumulado contra Lula, siempre en el marco del escándalo Petrobras, conocido en Brasil como ‘Lava Jato’ (Auto lavado). Sine embargo, hasta ahora, solo ha habido condena en dos de ellos, los menos relevantes.
Pruebas endebles. La primera condena llegó el 12 de julio de 2017: el juez federal Sérgio Moro, que para entonces ya se había erigido como el adalid de la lucha anticorrupción en los juzgados de Brasil, sentenció a Lula a 9 años de cárcel tras fallar que era culpable de aceptar que la constructora OAS le regalara un departamento de lujo en Guarujá, un balneario costero cerca de Sao Paulo, valorado en 1.1 millones de dólares.
La condena por el tríplex se firmó pese a que ningún documento acreditaba la titularidad del expresidente, que negó tener dicha propiedad. Aún así, la fiscalía y el juez Moro dieron por buenos para condenar a Lula los testimonios de la portería del edificio, un síndico y dos ingenieros de la constructora.
Veto electoral. La sentencia quedó luego ampliada hasta los 12 años cuando la revisó un tribunal en segunda instancia en enero de 2018. La consecuencia de aquella decisión: Lula no podía presentarse a las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, puesto que la ley marca que ninguna persona con una condena ratificada en segunda instancia puede presentarse. Unas elecciones que, según todas las encuestas, Lula hubiera ganado.
El doble rasero con Dilma y Temer. Lo que motivó a Lula a querer volver al ruedo político fue la destitución política de su sucesora, Dilma Rousseff. El Congreso brasileño se conjuró para sacarla del poder, no porque estuviera implicada en el escándalo ‘Lava Jato’, sino por una artimaña con la que maquilló las cuentas del Estado para hacerlas parecer más saneadas, una artimaña que ya habían usado presidentes anteriores sin consecuencias. La destitución de Dilma llevó al impopular Michel Temer al poder.
Lo ocurrido con Dilma, además, sirve para explicar cómo en Brasil se ha usado una doble vara de medir. Quién presentó el proceso de ‘impeachment’ contra la mandataria fue el entonces presidente del Parlamento, Eduardo Cunha, quien luego fue barrido por el escándalo Petrobras y se pudre ahora en la cárcel.
Tres meses antes de la primera condena a Lula, diversos medios brasileños divulgaron una grabación en la que Temer, miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), exaliado del PT, ordenaba sobornar a Cunha para comprar su silencio sobre Petrobras. El Congreso vetó investigar al presidente, y este pudo terminar su mandato este pasado 31 de diciembre.
Condena absurda. Si la primera condena al expresidente Lula estuvo plagada de dudas, más cuestionable todavía fue la segunda, que llegó apenas este pasado 7 de febrero. La magistrada federal Gabriela Hardt halló culpable a Lula de disfrutar unas reformas fraudulentas en la casa de campo de Fernando Bittar, un empresario amigo de la familia del expresidente desde hace años. Según la sentencia, emitida en primera instancia, estas reformas en la casa, ubicada en Atibaia, cerca de Sao Paulo, costaron 271 mil dólares, y se pagaron con sobornos de las empresas Odebrecht, OAS y Schain, a cambio de contratos en Petrobras.
La condena fue de 12 años y 11 meses de cárcel por “frecuentar de forma asidua” dicha casa. La defensa anunció que apelará, y consideró que esta es una defensa “absurda” que “refuerza el uso perverso de las leyes y procedimientos jurídicos” para “fines de persecución política”.
Trato en prisión. Más allá de la fundamentación de las sentencias en contra del expresidente, de 73 años, su trato en prisión también parece revelar un cierto nivel de saña por parte del sistema judicial. Este pasado 30 de enero, días antes de la segunda sentencia, la justicia prohibió a Lula salir de la cárcel para asistir al funeral de su hermano Vavá, fallecido un día antes, argumentando que no había tiempo de organizar la logística para el transporte. El medio izquierdista TeleSur recordó que durante la dictadura militar brasileña, en 1980, “a Lula se le dio permiso para salir de la cárcel para sepultar a su madre”.
Premio al juez. El último elemento que pone en duda la imparcialidad en los juicios a Lula es el paso de Sérgio Moro al plano político. En enero, el exjuez federal se incorporó al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro como secretario de Justicia. El nuevo mandatario no escondió su simpatía por los juicios que Moro manejó en causas contra miembros del PT, y su movimiento se entiende claramente como un premio por sus sentencias. Un premio que Moro aceptó.
Legado poderoso. Lula aún tiene pendientes seis causas judiciales, más complejas que las ya resueltas, que podrían comportarle decenas de años más de prisión por delitos mucho más graves por los que ha sido condenado. Estos casos podrían confirmar que el expresidente participó de forma activa o pasiva en gravísimas tramas de corrupción, pero las sentencias que se han emitido hasta el momento parecen demostrar que la prioridad del sistema era sacar a Lula de la carrera electoral.
Porque incluso con las acusaciones de corrupción pendiendo sobre su cabeza, millones y millones de brasileños no olvidaron que, durante sus ocho años de mandato, Luiz Inácio Lula da Silva sacó a cerca de 30 millones de ciudadanos de la pobreza con programas sociales que recibieron elogios en todo el mundo.
Crónica | Foto: Ricardo Stuckert