Desacato a decisión de ONU sobre Lula sería “vejamen internacional”, dice diplomático
Especialistas en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales han reiterado la obligación moral de Brasil de acatar la decisión del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores. El documento fue divulgado el viernes (17) último e indica que el país debe “tomar todas las medidas necesarias para permitir que Lula disfrute y ejerza sus derechos políticos desde la cárcel”.
La solicitud al Comité fue realizada el día 27 de julio por la defensa de Lula, condenado a 12 años y un mes de prisión por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) en enero de este año, y preso en la sede de la Policía Federal en Curitiba desde el 7 de abril.
El mismo día de la declaración de la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió una nota en la cual destaca que las conclusiones del órgano tienen carácter de recomendación apenas, y no poseen “efectos jurídicamente vinculantes”.
La defensa de Lula reitera que la decisión es mandatoria y no admite cuestionamiento. Eso porque Brasil es signatario, desde 2009, del llamado “Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”, norma internacional que posee fuerza de ley por haber sido promulgado por el Congreso Nacional por medio del Decreto Legislativo 311, el mismo año.
El Pacto establece, en su primer artículo, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene incumbencia para recibir y examinar cualquier pedido proveniente de individuos que se consideren víctimas de violaciones de los derechos civiles y políticos en su nación. Por ese motivo, la obligación de la validación de las decisiones del órgano es reiterada por el diplomático y profesor de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP), Paulo Sérgio Pinheiro.
“Hay una jurisprudencia comprobadísima en el Supremo Tribunal Federal de que los tratados firmados por Brasil deben ser cumplidos. No hay más que conversar. No cabe discusión”, afirmó el diplomático.
El destaca que el impacto de no cumplir la decisión seria un “enorme vejamen para el país” en las relaciones internacionales.
“Brasil es un país con enorme prestigio, es un país serio en las Naciones Unidas, un interlocutor válido para todas las decisiones. Es un vejamen que este gobierno golpista del impeachment manche la reputación de Brasil internacionalmente”, afirmó Pinheiro.
El cientista político Antonio Roberto Espinosa, profesor del curso de Política y Relaciones Internacionales de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (FESPSP) explica que la ONU no tiene poder de sanción sobre los Estados que no cumplen sus determinaciones, pero si una importante fuerza moral.
“Se crea una enorme indisposición para el país. Una indisposición generalizada. Claro que los Estados Unidos serán simpáticos al actual gobierno golpista si se mantiene indiferente a la condena. Entonces se ganan aliados, pero también se adquieren adversarios. Varios otros gobiernos que siguen y toman en cuenta la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, de cierta manera se contraponen a la hegemonía ilegal e inmoral de los EUA, como China, Rusia, todo el mundo Islámico y la mayor parte de Europa Occidental”, afirmó Espinosa.
El Ministro de Justicia Torquato Jardim llegó a considerar la decisión de la ONU, el viernes (17), como una “intromisión política e ideológica indebida”. Sin embargo, el diplomático Sérgio Pinheiro niega que la resolución pueda ser leída como un quiebre en la soberanía del país.
“En el campo de los derechos humanos, desde la Convención de Derechos Humanos, no existe más soberanía absoluta. Usted no puede golpear mujeres, niños, quemar refugiados como sucede ahora con los venezolanos. Todo eso por limitaciones internacionales. No hay intromisión, Brasil ratificó el Pacto Internacional, entonces se comprometió a cumplirlo”, afirmó Pinheiro.
Una petición online por el respeto a la autoridad de la Comisión de Derechos Humanos está siendo compartida en redes sociales, y ya reúne más de 5 mil firmas.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya