15 de febrero de 2019

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Veinte temas para entender la trayectoria del juez que condujo la operación Auto-Lavado desde su origen y los intereses que están por detrás de sus objetivos

De juez de 1ª instancia que determinó la prisión de Lula sin crimen a ministro nombrado por Bolsonaro:

1. En 2004, Sérgio Moro redactó un artículo sobre la metodología utilizada por la Operación Manos Limpias de Italia (“Consideraciones sobre la Operación Mani Pulite”), en el que habla de delaciones, filtraciones de información y destrucción de imagen pública. Todas estas son prácticas habituales de la operación Auto-Lavado, 10 años después.

2. En 2005, según declaró el actual ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, al periodista Roberto D’Ávila, en Globonews, Moro sugirió dos cambios en la legislación: delación premiada y transformación de lavado de dinero en crimen autónomo, es decir, que no necesita que ocurra un delito relacionado. Esa fue, según Onyx, la diferencia entre “llegar o no en Lula”, del “mensalão” hacia la operación Auto-Lavado.

3. En 2007, Moro hizo firmar un acuerdo de delación premiada al doblero Alberto Youssef, en el caso Banestado.

4. Entre 2006 y 2014, en las investigaciones continuas del caso Banestado, Moro monitoreó a Youssef con interceptaciones telefónicas. Lo hizo, incluso contrariando la decisión del Ministerio Público de la época (que en aquél entonces, todavía no era el fiscal Dallagnol). Esa investigación sólo se interrumpió para con el inicio de la operación Auto-Lavado.

5. En 2009, ha sido revelado un documento diplomático estadounidense, a través de las filtraciones de Wikileaks (código: 09BRASILIA1282_a), el cual registra que Sérgio Moro había participado en una conferencia de una semana sobre lavado de dinero dentro del “Proyecto Puentes”, para acercar al sector Judiciario, el Ministerio Público y la Policía brasileña. El documento registra que los participantes en el seminario (no dice quién) solicitaron un entrenamiento adicional en el “modelo de fuerza de trabajo proactiva”.

6. En 2012, Moro fue asistente de acusación de la ministra de la Suprema Corte, jueza Rosa Weber, en el caso del “mensalão”, el primer caso en que el judiciario brasileño ha usado la “teoría del dominio del hecho ” (el autor de la teoría, el alemán Claus Roxin, dijo que ésta ha sido mal utilizada en el proceso del “mensalao”).

Es Rosa Weber quien pronuncia la famosa frase “no cuento con pruebas, pero la literatura me permite” para condenar a José Dirceu , como ella misma dijo, sin pruebas. Hay gran posibilidad de que esta frase haya sido escrita por Moro en su voto, porque Weber no es del ámbito del derecho penal.

7. En 2013, en parte como respuesta a las manifestaciones de junio (en contra del gobierno), la entonces presidenta Dilma firma un paquete de medidas contra la corrupción, entre ellas, la ley de combate a las organizaciones criminales, que permite acuerdos de delación prácticamente sin cualquier supervisión de otros órganos, y con extractos discursivos y tipificaciones criminales extremamente vagas, que permiten una aplicación e interpretación genéricas e ilimitadas.

8. En 2014, estalla la Lava Jato, con una investigación que alcanza una gasolinera y ocurre la prisión de Alberto Youssef. Toda la película y el libro que usted asistió y leyó dice que todo lo que ocurrió fue casual, pero hay el punto 4 de esa lista, cuyos contenidos están muy bien documentados, muestra los procesos que la anteceden.

9. De 2014 a 2016 – Se establecieron nuevos casos para cada conexión encontrada, a los que siguieron más prisiones preventivas y delaciones de ex directores de Petrobras y de ejecutivos de diversas empresas contratadas por Petrobras. A partir de Alberto Youssef, diversas personas son presas, en general con base sólo en la delación, confiesan crímenes y se hacen nuevas delaciones, que llevan a nuevos arrestos y delaciones, según lo previsto en el artículo de Moro, en el ítem 1.

Las cinco mayores empresas de construcción de Brasil son destruidas en este largo proceso, la Petrobras pierde valor de mercado, miles de empleos son destruidos y los ejecutivos cierran acuerdos personales para lograr la reducción del tiempo al que fueron condenados para pasar en la prisión. Sólo en el caso de Odebreht, el mayor y más paradigmático, son cerca de 70 acuerdos de delación, en los que la empresa se responsabilizó a pagar los salarios a los ejecutivos delatores durante los próximos 15 años.

Las otras consecuencias son 100 mil empleos destruidos, de personas que no cometieron ningún crimen y no recibirán ningún premio ni compensación salarial en estos 15 años. En mayo de 2017, las deudas financieras de las empresas afectadas sumaban R $ 47 mil millones (tan sólo en el caso de Odebrecht, las pérdidas, que incluyen los préstamos hechos por los bancos públicos y que no serán pagados, suman varias veces el valor total que ha sido “recuperado” en TODA la operación Auto-Lavado). El pago de las deudas fue postergado, en la espera de la venta de los activos lucrativos que quedaron del grupo empresarial, como son, por ejemplo, las concesiones viales y la empresa Braskem.

En octubre de 2017, las empresas investigadas por la operación Auto-Lavado representaban R $ 100 mil millones en activos. Y para usted, que no tiene “bandido de estimación”, que cree que todo ese daño valió la pena, tan sólo porque has visto gente poderosa en la cárcel, ¿sabe cuántas personas de Odebrecht están arrestadas hoy en la operación implacable “la ley es para todos”? Tan sólo Marcelo Odebrecht, que se encuentra en arresto domiciliario. En la cárcel, no hay nadie.

Bueno, tal vez algún obrero de los 100.000 desempleados haya caído en el crimen y haya sido arrestado también, pero ahí ya no se trata de la operación Auto-Lavado.

10. Enero de 2016. Moro crea una conexión forzada de la operación Auto-Lavado con un apartamento en la playa de Guarujá (Sao Paulo), es la fase denominada “triplex” . Se descubrió una oficina acusada de ser un centro de lavado de dinero en Panamá, el Mossack & Fonseca, que sólo sirvió como un puente para llegar a Lula, y luego olvidarse de la oficina criminal en Panamá.

11. 2016, 14 de marzo. Hay una disputa entre los fiscales de São Paulo y los de la Justicia Federal de Paraná sobre el caso del apartamento triplex en contra de Lula. La jueza de São Paulo pasa solamente el caso de Lula y su esposa, Doña Marisa, para la responsabilidad de Moro. Todos los demás acusados del mismo caso se quedan en Sao Paulo y son posteriormente absueltos.

12. 2016, 16 de marzo. Lula es nombrado ministro (por Dilma Rousseff), lo que llevaría su caso a ser transferido, y pasaría a ser investigado por la Procuraduría-General de la República – PGR, y posteriormente juzgado en el Supremo Tribunal Federal – STF. Eso porque, casos relacionados con ministros de Estado deben ser enviados directamente para la última instancia de la justicia (la PGR, encabezada por Rodrigo Janot, que investigaría a Lula, ha considerado que este nombramiento sería un nuevo caso de ilicitud, un intento de “obstrucción de la Justicia”. Fíjense, el jefe de la fiscalía federal, Janot, ha considerado a si mismo, y a la ley que establece la reducción del número de instancias procesuales para altos cargos del gobierno federal, como intento de obstrucción de la Justicia!!!!).

Moro filtra a la prensa grabaciones de audio sobre la vida íntima de Lula y su familia, intercepta los teléfonos de sus abogados y luego se justifica “ha sido una equivocación”, eso a pesar de previamente haber sido informado formalmente por las compañías telefónicas, por tres veces, de que se estaba interceptando abogados (es obligación de las compañías notificar a la justicia las interceptaciones que les son solicitadas sin orden judicial). Asimismo, Moro divulga una grabación-audio, ilegal, bajo cualquier parámetro legal que se analice el caso, de una llamada telefónica de la Presidenta de la República.

13. Septiembre de 2016. Michel Temer ya es presidente y el Tribunal Regional Federal número 4 – TRF4, decide por 13 votos a 1, que Moro no sufrirá ninguna sanción por haber cometido el crimen de divulgar una grabación ilegal de la Presidencia de la República. El TRF4 argumenta que la operación Auto-Lavado sería una investigación excepcional que no necesitaría entonces seguir las reglas de la “normalidad”.

El relator justifica este argumento, con la citación de un texto del ex ministro de la Suprema Corte, Eros Graus, quien, a su vez, cita una parte de un libro de Giorgio Agamben, intitulado El Estado de Excepción. En este libro, en el tramo citado, Agambem está estudiando el jurista Carl Schmitt y el derecho nazi. Él está explicando cómo el nazismo aplicaba el derecho de excepción. Él no está recomendando hacerlo, está tan solo explicando cómo se hacía la aplicación en el derecho nazista. Esta es la base teórica citada, que justifica la excepcionalidad de la operación Auto-Lavado, por parte del TRF4. Es el nazi Carl Schmitt.

14. 2017 (julio). Moro condena a Lula en el caso del triplex. La tesis del Ministerio Público para justifica que habría existido un crimen por detrás del triplex (el supuesto lavado de dinero habría sido una compensación financiera interna de OAS Emprendimientos, estimada en la contabilidad del proyecto de construcción del edificio en Guarujá, a cambio de tres contratos realizados con el gobierno Lula); aunque esa suposición no coincide con la tesis que consta de la sentencia (la de que existiría una “Cuenta general” de propinas entregadas por la empresa, en parte constituida por recursos provenientes de uno de los tres contratos).

Esta nueva tesis surge al final del proceso, en las audiencias con el co-reo Léo Pinheiro – que se encontraba ya cumpliendo por dos años su segunda prisión preventiva, decretada por Moro. Léo Pinheiro cambió de abogado justo en la audiencia en que fue a declarar (como informó la prensa en la época, porque sufrió presión de la fiscalía para prestar nueva declaración ) y finalmente tuvo su pena reducida.

Léo Pinheiro no presenta pruebas de su nueva historia. En el recurso, el Ministerio Público insiste con la tesis original de la acusación, aun siendo contradictoria con la nueva tesis elaborada por Moro en la sentencia. Sigue siendo extraño que el juez tenga una tesis acusatoria propia, construida y validada sólo por el testimonio de un co-reo, a cambio de la reducción de la pena (premio que termina por recibir).

Moro también dispensa la prueba de que Lula debería haber cometido un acto de oficio, o actuado en los contratos, en lugar de ello, tan sólo cita varias veces el voto de la ministra Rosa Weber en el mensalao (no tengo pruebas, pero voy a condenar porque la literatura me permite). Un voto de la ministra que probablemente fue escrito por él mismo. (Son sólo dos de los muchos cuestionamientos que hacen el medio jurídico y académico a la sentencia, los que ya han rendido algunos libros.)

15. En enero de 2018, en el proceso más rápido de tramitación entre la primera y segunda instancia de la historia de la operación Auto-Lavado, Lula es condenado. Los es hacen, hasta donde yo sé, el único juicio de revisión de la operación Auto-Lavado en que hay concordancia unánime y absoluta de los tres jueces en relación a todo: crímenes, dosimetría, todo. Así, aceleran la ejecución y no abren espacio para que la defensa presente embargos.

16. 2018 (agosto). El ministro del Supremo, Luis Barroso, cambia toda la jurisprudencia del TSE para acelerar el impedimento de la candidatura de Lula antes de comenzar la campaña electoral en la televisión.

Una liminar de un comité de Naciones Unidas, con quien Brasil ratificó el compromiso de que acataría las decisiones de este organismo, ha establecido un proceso internacional para reevaluar el caso de Lula; en dicho proceso, el gobierno brasileño se defendió, al responder, ha reconocido la legitimidad del comité; pero el comité dice que Lula debe concurrir en las elecciones de 2018.

La liminar de Naciones Unidas no se posiciona en contra de la Ley de la Ficha Limpia, conforme hizo parecer la prensa brasileña (la ley establece que candidatos con ilícitos en su pasado no pueden concurrir a elecciones por un periodo). La base de la liminar es establecer la duda sobre si Lula tuvo un juicio justo, y que el reo no puede sufrir daños irreparables (antes de que termine el juicio), como sería el no concurrir a las elecciones, caso esta decisión fuera tomada antes de la conclusión del proceso en Naciones Unidas.

Raquel Dodge defiende una posición contraria a toda su carrera como fiscal, y defiende que Brasil no debe seguir un tratado internacional firmado por el país. Y el Tribunal Superior Electoral – TSE, vota por 6 x 1, y decide que Brasil no necesita cumplir el tratado que firmó. El Supremo Tribunal Federal – STF, después refrenda la prohibición de la candidatura de Lula, que lidera con amplia ventaja todas las encuestas durante los dos últimos años, alcanzando casi el 40% de preferencias de votos.

17. 2018 (octubre). Bolsonaro se elige e invita a Moro para ser su ministro de Justicia. Moro acepta y renuncia a su puesto de juez. En Inglaterra, el Times de Londres resume así en primera plana “Bolsonaro nombra para alto cargo a un juez que aprisionó a su rival”. Dicen que en muchos países si un juez es, años después, beneficiada por una decisión suya, él será arrestado.

Se queda temporalmente en el cargo del ex juez Moro, la jueza sustituta Gabriela Hardt, admiradora pública de Moro y crítica pública de Lula. Moro se defiende diciendo que no tiene culpa si Lula fue condenado por “cometer crímenes” y que era su obligación condenarlo si él había cometido crímenes.

¿Quién dijo que Lula cometió crímenes? Moro.

¿Cuál fue la acción criminal de Lula que resultó en la condena, según Moro? Después de años de investigación: “acto indeterminado”.

¿Qué supuestamente robó? Un apartamento que estaba registrado como patrimonio de la empresa OAS y presentado por la empresa como garantía de una operación financiera (para obtener préstamos bancarios) de la misma OAS.

Es decir, en cualquier sentido: monetario, uso del inmueble, financiero, registro documental, ante otros procesos, el apartamento triplex se trata de una propiedad de la empresa OAS. En realidad, el apartamento fue tomado por la Justicia Penal como “masa fallida” (activo inmovilizado) de la OAS (con la connivencia del juez que supervisa el activo inmovilizado) para justificar la condena de la empresa.

18. 2019 (enero) es elegido por el TRF4 el nuevo juez que asumirá los dos casos restantes de Lula que estaban en manos de Moro (y después de su sustituta y seguidora):

19. 2019 (4 de febrero). Moro presenta un paquete de medidas. Varias de ellas legalizan prácticas cotidianas y banderas defendidas por la operación Auto-Lavado que, caso en aquél entonces ya fueran legales, ciertamente no necesitarían ser legalizadas:

– prisión en segunda instancia;

– cooperación informal (es decir, secreta y no documentada) entre instancias de investigación de diferentes países, un absurdo en términos de soberanía (el procurador estadounidense Kenneth Blanco dijo públicamente, en vídeo, que colaboró en el caso contra Lula);

– grabación de diálogos de abogados, que Moro ya autorizó y no está permitida por la ley;

– congelamiento de bienes (inmovilización de activos) de origen lícita (Moro ha inmovilizado incluso los activos de Doña Marisa (esposa de Lula) que habían sido recibidos por herencia familiar!) Y se exige que, después de tener sus bienes inmovilizados, el ciudadano pruebe que ellos fueron adquiridos de manera legal (y que lo haga sin ningún centavo porque sus bienes ya fueron inmovilizados) .

Gran parte de las propuestas de Moro son inconstitucionales, hay violaciones de cláusulas pétreas de la Constitución. La ampliación del “plea bargain” es, en la práctica, un cambio de la naturaleza del derecho brasileño, que adoptaría parte del modelo anglosajón.

Es tan sólo una parte del derecho anglosajón. Porque allá el Ministerio Público no es independiente, ni vitalicio y hay separación entre el juez que acompaña investigaciones autorizando medidas y aquel que juzga. Eso Moro y el MP no quieren cambiar.

20. 2019 (6 de febrero). La jueza sustituta Gabriela Hardt, que ya estaba con los días contados para dejar el caso, emite la sentencia de la segunda condena de Lula, antes del intercambio formal de jueces.

Su decisión se funda, principalmente, en las decisiones anteriores de Moro y los argumentos del TRF4 en la primera condena de Lula. Hay seguidos copiados y pegados de citaciones de la sentencia previa. Se recuerda que esas sentencias se basaron en el juicio del mensalao, en el cual actuó Moro (como asesor).

No hay nexo causal entre los contratos listados y cualquier acción de Lula, pero eso no es necesario, porque antes ya fue juzgado y se puede condenar así. No hay acto de oficio, pero no es necesario, porque en 2012 el juicio del mensalao permitió condenar así (habría otra discusión a hacer ahí sobre el concepto, vedado en la Constitución, de ley retroactiva, también conocida como “ley en movimiento”, otro fenómeno conceptual del derecho nazista. Está escrito en la ley brasileña que la ley solamente puede tener validez retroactiva si es en beneficio del reo.

Un Nuevo concepto de 2012 que criminalice prácticas anteriores a esta fecha sería una punición retroactiva, por un acto que, en el momento en que fue practicado, no seria considerado crimen.
Se recicla la delación de Delcídio del Amaral, considerada mentirosa por el Ministerio Público Federal y por la Justicia de Brasilia. No hay ninguna acción de Lula en los contratos, pero no es necesario, porque el juez de apelación Gebran (TRF4) ya escribió que no es necesario, y que Lula es responsable de todo lo que ocurra dentro de la operación Auto-Lavado.

Los cálculos de las desviaciones de dinero que habrían ocurrido en los contratos de las empresas no son objeto para la quiebra de sigilo y análisis contable de documentos de las empresas, sino que se le asigna un porcentaje estimado aleatorio del 3% (nacido de una tabla de delación del funcionario Pedro Barusco, dato que ha sido producido por él mismo, no incautado ni comprobado), y así se va aplicando sucesivamente este porcentaje ficticio en todo lo que es denuncia, a veces de forma repetida, sobre el supuesto contrato.

En la nueva condena, a pesar de no existir una inspección contable que compruebe si el dinero de Petrobras fue usado en la quinta de Atibaia, ni ninguna prueba de que Lula habría actuado en los contratos listados en la denuncia (por lo demás no existen siquiera pruebas de que dichos contratos fueron obtenidos por manipulación de licitación), a pesar de todo eso, Lula fue condenado a resarcir los perjuicios no probados en contratos en que él no actuó, de licitaciones que no fueron probadas fraudulentas, por obras que él no pidió, en un sitio que está probado que no es de él.

¿Qué está probado? Probaron que las empresas pagaron dinero a Pedro Barusco, gerente de tercer escalón de Petrobras, relacionado con algunos de esos contratos. De ahí se da un salto para establecer una indemnización que Lula tendría que pagar, un resarcimiento estimado del 3% de esos contratos, incluso después de que Barusco, en su testimonio -que no se encuentra en la sentencia-, pero sí está registrado en los autos del proceso, afirma jamás haber platicado con Lula, jamás ha hecho o sabido de supuestos pagos para Lula.

Y aquí estamos. Lula está arrestado, Moro está reformulando la naturaleza del Estado brasileño y de la Constitución de 1988, Bolsonaro es presidente, y (sus hijos) dicen que basta con enviar un cabo y un soldado para cerrar la Suprema Corte.
Pero hasta aquí, cual es la relevancia de todo eso? Si la ley es para todos, entonces lo dice e practica Moro no debe ser juzgado bajo una interpretación literal de la Constitución.

 

lula.com.br | Foto: reprodución | Traducción por Cristina Gomes