Moro pide a la Suprema Corte justicia que negó a Lula

Las últimas declaraciones de Sergio Moro y de sus abogados muestran que al ex ministro no le gustaría ser juzgado por alguién con los rasgos que norteaban su actuación como juez. O sea, al investigado Moro, no le gustaría ser juzgado por el juez Moro.

Tanto Moro como el presidente Jair Bolsonaro están sujetos a la investigación penal n. 4.831, que tramita en el Supremo Tribunal Federal. La investigación fue iniciada cuatro días después que Moro dejó el cargo de ministro de Estado – cargo que aceptó ocupar aún en 2018, el mismo año de las elecciones presidenciales en Brasil.

Es posible extraer de las declaraciones de Moro y de sus abogados dos ejes centrales de demandas: el establecimiento de límites para aquellos que ejercen funciones públicas y las garantías fundamentales al ejercicio del derecho de defensa. Respecto al primer eje, el abogado Sánchez Rios, quién defiende a Moro, escribió en este mismo periódico sobre la importancia de que los ocupantes de cargos públicos actúen “en beneficio del interés público y de la sociedad brasileña, y no de las voluntades, de los intereses y proyectos de los ocupantes momentáneos” de estos cargos. Respecto al segundo eje, se busca acceder al documento completo de la investigación policial para garantizar la “paridad de armas” en el ejercicio del derecho de defensa.

No hay cualquier aspecto conceptual que haga mérito a divergencias respecto a estas postulaciones de Moro y de su defensa. La observancia de límites para la actuación de los agentes públicos, así como la observancia de todas las garantías fundamentales del ejercicio del derecho de defensa, es algo que siempre defendemos como abogados y ciudadanos. El respecto con estos parámetros transcurre de las conquistas civilizatorias y, además, es la única manera de hacer cumplir la Constitución Federal y las obligaciones internacionales asumidas por Brasil por medio de tratados.

Como juez, sin embargo, Moro actuó en el sentido opuesto al de estos parámetros. Actuó como un déspota. Trató a los acusados como enemigos; negó la esencia del derecho de defensa; devastó; humilló; atacó y alentó los ataques a los abogados. Él hizo escuchas en nuestros teléfonos. Hizo coincidir los juicios con el calendario político.

Aceptó cooperación internacional informal y al margen de las leyes brasileñas. Él confió en el sigilo prometido por un aplicativo para practicar actos incompatibles con la magistratura y con las garantías fundamentales, como reveló una serie de reportajes publicados por The Intercept Brasil.

En el caso de Lula hay todas estas anomalías en la actuación de Moro como juez, como muestra el habeas corpus que llevamos al Supremo Tribunal en noviembre del 2018. Moro promovió una verdadera cruzada contra Lula, con el objetivo de interferir en el escenario político del país. Actuaba como un político porque iba a convertirse en un político.

Las mismas bases presentadas actualmente por Moro en el ejercicio de su propio derecho a la defensa refuerzan la necesidad del sistema de Justicia rectificar los errores del pasado, desencadenados por el mismo Moro.

El juicio que analiza la parcialidad del ex juez es un paso clave en este sentido. Y es una atribución de la misma Corte Suprema a la cual Moro envía actualmente sus demandas.

Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Zanin Martins son abogados, defienden al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( Partido de los Trabajadores).

Folha de S. Paulo | Revisión: Cristina Gomes.